La Ley de Emergencia en Discapacidad actualiza aranceles, salda deudas y garantiza alivio a prestadores, con auditorías y metas.
El Senado Nacional ratificó la ley de emergencia en discapacidad. La medida impactará en la cobertura social y en el financiamiento del sistema de salud. La norma tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año adicional. Su alcance es de orden público y regirá en todo el territorio argentino.
El objetivo central consiste en garantizar el pago de deudas con prestadores y establecer un ajuste mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación. Además, el Estado financiará con recursos del Tesoro una compensación de emergencia destinada a los servicios de salud. La legislación también dispone que las prestaciones atrasadas se actualicen con base en la inflación acumulada desde 2023.
En relación con las pensiones, la norma fija un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Las personas beneficiarias podrán desempeñarse laboralmente mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos. Según la Oficina de Presupuesto, esto tendrá un impacto fiscal de entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de cuantas personas reciban el beneficio.
La ley incorpora también un esquema de auditorías a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dicho procedimiento deberá ser transparente e inclusivo, con notificaciones claras y pleno respeto del debido proceso. Se buscará evaluar cada caso con criterios médicos y sociales, evitando decisiones arbitrarias.
Para promover la inserción laboral, la norma otorga a los empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad una reducción del 50% en contribuciones patronales durante tres años. Con este conjunto de medidas, el gobierno procura equilibrar la situación económica de los prestadores y ampliar derechos para un sector históricamente relegado.
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