El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre la responsabilidad penal juvenil, a partir del crimen de Lucio Monzón y otros hechos que conmocionaron a Rosario en los últimos años.
Imagen: Rosario3
El mandatario provincial vinculó el caso Monzón con una modalidad que, asegura, se repite en distintos barrios rosarinos: organizaciones criminales que usan a menores para ejecutar delitos violentos y así intentar eludir a la Justicia. En ese marco, reclamó actualizar el régimen penal juvenil y adelantó que buscará que el Congreso avance en sesiones extraordinarias.
“Adaptar la norma a los tiempos que corren”
Pullaro sostuvo que el sistema actual, que fija en 16 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves, quedó desfasado frente al nivel de violencia que atraviesan Rosario y otras ciudades de Santa Fe. Según explicó, las bandas narco detectaron ese límite y, desde hace años, ordenan a adolescentes llevar armas, robar vehículos o participar en homicidios por encargo.
En sus declaraciones, el gobernador recordó el asesinato de Juan Cruz Ibáñez, el joven estudiante de Derecho de la UNR asesinado en junio de 2018 en su departamento del macrocentro. Por aquel crimen fue detenido un adolescente de 17 años, un caso que ya había encendido el debate público sobre el rol de los menores en delitos extremos.
“No podemos quedarnos con una normativa pensada para otra realidad. Hay estructuras criminales que se aprovechan de la falta de respuesta del sistema cuando el autor es menor”, señaló Pullaro, al insistir en que la discusión debe darse “con seriedad, datos y mirada federal”.
El debate que llega al Congreso
El Poder Ejecutivo nacional anticipó que la cuestión de la edad de imputabilidad será incluida en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. La intención es retomar proyectos que plantean un nuevo régimen penal juvenil, con escalas de responsabilidad diferenciadas y medidas especiales para adolescentes en conflicto con la ley.
En la Argentina, el último intento de reforma integral se produjo en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la discusión no prosperó. Organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y organismos internacionales recomiendan que, ante cualquier cambio, se garanticen programas de inclusión, educación y acompañamiento, y no sólo un aumento de penas.
Desde Santa Fe, Pullaro insistió en que la realidad de Rosario, marcada por homicidios vinculados al narcomenudeo y economías ilegales, exige un tratamiento urgente. Al mismo tiempo, remarcó que la baja de edad de imputabilidad no puede ser la única respuesta, sino parte de una política más amplia de prevención, urbanización y fortalecimiento de la Justicia.
Inseguridad, responsabilidad penal y agenda pública
El caso Monzón se suma a una serie de crímenes resonantes que, en los últimos años, profundizaron la preocupación social por la inseguridad en Rosario. La utilización de menores en balaceras, robos violentos y ataques sicarios aparece una y otra vez en los expedientes judiciales y en los informes de las fuerzas de seguridad.
Frente a ese escenario, el gobierno santafesino busca que el Congreso avance en un nuevo marco legal que contemple tanto la responsabilidad penal como la necesidad de políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia en contextos de extrema vulnerabilidad. La discusión promete tensiones entre quienes reclaman mano dura y quienes priorizan enfoques de protección integral.
Mientras el debate se prepara para llegar al recinto, las familias de las víctimas reclaman respuestas concretas y un cambio palpable en las calles. La presión social y política crece al ritmo de cada nuevo hecho violento que golpea a Rosario y vuelve a instalar, una y otra vez, la pregunta por hasta dónde y cómo debe responder el Estado.
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