Maximiliano Pullaro impulsa un proyecto para crear un registro obligatorio de celulares usados y sumar controles sobre su compra y venta, con el objetivo de golpear el mercado de teléfonos robados.
La iniciativa apunta a que toda compra y venta de celulares usados quede asentada en un sistema formal. Los locales que se dediquen a esta actividad deberán registrarse y habilitar documentación sobre el origen de cada equipo.
El proyecto también habilita controles específicos sobre quienes comercializan teléfonos. La Policía podrá requerir comprobantes de procedencia y verificar que los aparatos no tengan pedido de secuestro ni estén vinculados a hechos delictivos.
Los usuarios que no puedan justificar la tenencia del equipo quedarán expuestos a sanciones. Se prevén multas económicas y el posible secuestro del celular cuando existan indicios de que proviene de un robo o de un circuito ilegal.
Más facultades para la Policía
La propuesta de Pullaro amplía las facultades policiales para intervenir ante sospechas sobre el origen de un teléfono. El objetivo es desalentar la reducción de celulares y cortar una de las principales fuentes de financiamiento del delito callejero.
Con este esquema, el gobierno provincial busca que cada operación con celulares usados deje un rastro claro, desde el vendedor hasta el comprador, para facilitar las investigaciones y recuperar equipos sustraídos.
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