Concejales del bloque justicialista impulsan en el Concejo de Santa Fe un proyecto para atar el precio del boleto de colectivo a la evolución real de los salarios y frenar así los incrementos acumulados en el transporte urbano.
El bloque justicialista presentó un proyecto de ordenanza que busca ponerle un freno a la escalada del boleto de colectivo, que ya acumula siete aumentos desde diciembre de 2023. La iniciativa apunta a que el valor del pasaje no pueda crecer por encima de los ingresos reales de los trabajadores.
La propuesta fue impulsada por los concejales Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, quienes plantean que el sistema de actualización actual traslada de manera casi automática los costos a los usuarios, sin considerar el deterioro del poder adquisitivo.
Atar la tarifa a los salarios
El proyecto establece un criterio central: que el boleto no pueda incrementarse por encima de la variación de los salarios reales. Esto implica tomar en cuenta tanto la evolución nominal de los sueldos como el impacto de la inflación, para evitar que cada ajuste tarifario implique una pérdida adicional de ingreso disponible.
Según los fundamentos, el transporte público es un servicio esencial para el acceso al trabajo, la educación y la salud. Por eso, los autores sostienen que debe existir un mecanismo de protección que impida que el boleto se vuelva impagable para amplios sectores de la población.
En los últimos meses, distintas organizaciones sociales, sindicatos y centros de estudiantes advirtieron que el costo del pasaje se transformó en una de las principales erogaciones del presupuesto familiar, especialmente en hogares de menores ingresos y en trabajadores que realizan varios trasbordos diarios.
Impacto en usuarios y en el sistema
Los concejales justicialistas remarcan que, de continuar con la dinámica de aumentos por encima de los salarios, se profundizará la caída de la demanda del transporte público. Menos pasajeros implican menos ingresos para el sistema y una menor sustentabilidad económica, lo que a su vez presiona por nuevas subas de tarifas.
La iniciativa busca romper ese círculo vicioso con una fórmula que contemple la capacidad de pago de los usuarios. También abre la puerta a discutir el rol de los subsidios nacionales y provinciales, así como la necesidad de una mayor participación de los municipios en el financiamiento del transporte.
De aprobarse, el esquema obligaría al Ejecutivo local a justificar técnicamente cada variación del boleto, demostrando que no supera la evolución de los salarios reales. Además, permitiría a los usuarios y a las entidades intermedias realizar un seguimiento más transparente de la política tarifaria.
Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar los costos del sistema con la situación económica de los pasajeros promete instalarse en la agenda pública y en las próximas sesiones del Concejo, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.
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