La administración de Javier Milei planea llevar al Congreso un modelo de financiamiento de partidos políticos al estilo estadounidense, en medio de negociaciones por el presupuesto de 2025.
El Gobierno nacional tiene en agenda eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, impulsando un sistema en el que sean los propios adherentes quienes financien a sus partidos, según adelantó una fuente de la Casa Rosada. La propuesta, inspirada en el modelo norteamericano, apunta a “transparentar los gastos de la política” y se presenta como parte de “la batalla contra las castas”, según describen desde el entorno del presidente Javier Milei. La iniciativa se incluiría en el debate del presupuesto para el año 2025.
Presupuesto 2025
Este proyecto podría encontrar un eje de negociación con las fuerzas de la oposición si los fondos que hoy se destinan a los partidos se redireccionan al presupuesto universitario, un área bajo discusión tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. “Las conversaciones por el presupuesto marchan bien”, señalan en fuentes oficiales, agregando que existe confianza en que finalmente se logre la aprobación del presupuesto 2025.
Como antecedente, el Ejecutivo ya intentó eliminar las PASO, que en 2022 representaron un gasto de más de 10.000 millones de pesos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció recientemente en medios radiales que “no nos dan los números” para conseguir los votos necesarios y suprimir las primarias.
Financiamiento de partidos políticos
Actualmente, los partidos en Argentina cuentan con dos fuentes de financiamiento: el Estado y fondos privados de afiliados y donaciones. La ley 26.215 estipula que los fondos públicos se distribuyen en partes iguales entre las alianzas para la impresión de boletas, mientras que los recursos de campaña se distribuyen equitativamente entre los frentes y, en un 50%, en proporción a los votos obtenidos en la última elección.
Las fuentes de financiamiento privado, como las donaciones y las contribuciones de afiliados, están reguladas para evitar conflictos de interés. No se permite, por ejemplo, recibir aportes de empresas contratistas del Estado o donaciones anónimas. No obstante, analistas aseguran que buena parte de los gastos de campaña provienen de aportes informales, en efectivo o en especie, que escapan a la supervisión de la Justicia Electoral.
Para las arcas estatales, el costo anual en 2023 para el financiamiento democrático, a cargo del Ministerio del Interior, fue de 48.500 millones de pesos, unos 164 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ese momento. El Gobierno ahora pretende que ese dinero sea reasignado o eliminado en pos de una “política con equilibrio”, aunque advierten que cualquier modificación se analizará “sin comprometer el equilibrio fiscal”.
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