El Gobierno prohíbe incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos y explicó que los distintos conceptos se discriminarán.
El Gobierno prohíbe incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos, objetivo que el Ministerio de Economía persigue desde septiembre del año pasado. En aquel entonces sacó una resolución al respecto, que no fue atacada por los Gobiernos locales. Incluso fue objeto de sentencias judiciales a favor y en contra.
Luis Caputo trató de armar un esquema de sanciones para empresas que lo seguían cobrando, invitando a los usuarios a realizar denuncias por este cobro. Ante este escenario, la desregulación del sector incluyó la prohibición, a la espera de que la Justicia expida sobre el fondo de la que cuestión: que el Gobierno tiene la potestad de pedirle a los municipios qué pueden y qué no pueden incluir en las servicios públicos.
Al estar en una misma facturas los cargos de los servicios y las tasas municipales, los intendentes aseguran el dinero para el financiamiento de sus estructuras políticas. Si se dividen, corren el riesgo de que los usuarios paguen la luz y el gas y no los impuestos municipales. De ser así, el financiamiento local estaría en riesgo.
Lo que el Gobierno nacional pretende con la separación es evitar quedar como el responsable de aumentos y desglosar qué monto es por los servicios y cuál por impuestos municipales.
El Gobierno creó un ente regulador de la luz y el gas
El Gobierno nacional dio un paso significativo en la reorganización del sector energético al fusionar el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). Creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según informó mediante el Decreto 452/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El ente busca simplificar y mejorar la regulación de estos servicios esenciales en el marco de la emergencia energética prorrogada en junio.
La creación de este nuevo organismo funcionará bajo la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Tiene como objetivo centralizar las funciones de ambos entes reguladores y facilitar la administración del sector energético. Según fuentes de la cartera económica, esta fusión representa un avance importante hacia una mayor eficiencia y adecuación a estándares internacionales en la supervisión de gas y electricidad.
Con un plazo de 180 días para su implementación, el nuevo ente se propone mejorar la coordinación y regulación en un área clave para el desarrollo económico y social del país.
Sobre la desregulación del sector eléctrico
Además, el Gobierno desreguló el sector eléctrico a través del Decreto 450/2025, que modifica las leyes 15.336 y 24.065, estableciendo las bases para una reforma estructural del sector. Según la Secretaría de Energía, esta reforma busca beneficiar a los usuarios y posicionar al sector privado como un actor fundamental en el mercado eléctrico.
El decreto, enmarcado en el artículo 162 de la Ley de Bases, permitirá avanzar hacia un mercado eléctrico más competitivo, abierto y transparente. Las autoridades han señalado que, durante dos décadas, el Estado gastó más de 105.000 millones de dólares en un sistema eléctrico ineficiente, lo que desincentivó la inversión.
Entre las principales transformaciones que se implementarán se encuentran:
- Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y previsibles.
- Restablecimiento de contratos de compraventa entre privados, promoviendo la estabilidad en el abastecimiento.
- Libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, eliminando obstáculos regulatorios.
- Transparencia en las facturas, que no podrán incluir tributos locales ni cargos ajenos a los servicios facturados.
- Desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico con inversión privada, fomentando la iniciativa privada.
Asimismo, el decreto establece un período de transición de 24 meses para adecuar la normativa complementaria y garantizar una implementación ordenada de estas reformas.
El Gobierno prohíbe incluir tasas municipales en facturas de servicios: la situación en Rosario
A partir de los anuncios del Gobierno en este sentido, desde el 7 de octubre del año pasado y por resolución de ENARGAS, los 327.000 clientes de Rosario dejaron de pagar una percepción que iba al fisco municipal y que hacía un fondo de 120 millones anuales por ese entonces. La misma situación ocurrió con Aguas Santafesinas, cuando el año pasado se eliminó todo tipo de tasa municipal.
Actualmente, la boleta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) es la única en la que se siguen cobrando tasas municipales. Los usuarios pueden apreciar que por la ley 7.797 se cobra una cuota de alumbrado público que representa el 6% del consumo básico. Asimismo, existen vigentes e incluidas en esa misma factura dos ordenanzas municipales: la 1.592/62 y la 1.618/62. Por estas, la EPE opera en la retención del 0,60% del básico en una y el 1,80% en otra.
