Se trata de la partera Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, presunta autora de los delitos de supresión y alteración de la identidad de un menor de diez años.
El caso de “Dolly”, la obstetra de 88 años acusada de robar la identidad de recién nacidos en el Hospital Roque Sáenz Peña durante décadas, impactó en Rosario. Este viernes se conoció un avance en otra causa de similares características: Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, fue procesada sin prisión preventiva por dos hechos de supuesta supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.
Las denuncias que dieron origen a la causa
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal Rosario, que desde 2022 y 2023 recibió los testimonios de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos. Ambas tenían dudas sobre su origen y denunciaron por separado.
El caso de Ana, criada en Maciel
Ana se crió en Maciel bajo el cuidado de Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Desde chica le dijeron que no era hija biológica de ellos, aunque su partida de nacimiento afirmaba lo contrario. Además le contaron que había sido entregada en una vivienda de Richieri al 2000, en Rosario, a partir de un contacto con la hermana de la obstetra.
La historia de Romina
Luego se sumó el caso de Romina, criada por Esther Candusso y José Francisco Lobos. Ya de adulta se enteró de la verdad sobre su identidad. Al igual que en la historia anterior, los papeles mostraban un vínculo biológico falso. Con estudios posteriores se confirmó que quienes la criaron no eran sus padres.
Pedido de juicio y búsqueda de las madres biológicas
La Fiscalía y la querella pidieron elevar los dos casos a juicio y solicitaron la colaboración de la población para dar con las verdaderas madres biológicas.
Pericias psíquicas y cambio de criterio
Da Silva se había negado a declarar en 2025. Alegó que padecía “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” por un accidente laboral y un traumatismo reciente. Primero, el Tribunal dispuso la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. Ese primer examen sostuvo que la imputada tenía un deterioro cognitivo ostensible que le impedía comprender el proceso judicial.
La abogada querellante se opuso a ese dictamen y en diciembre de 2025 se fijó un reexamen. La segunda evaluación, realizada en marzo de 2026, determinó que presentaba un “deterioro cognitivo leve” y que sí estaba en condiciones de comprender la causa penal, lo que modificó la valoración previa. Finalmente, el 2 de julio de 2026 declaró por el caso de Ana Carolina Alzugaray y la semana pasada fue procesada.