Prestadores de servicios para personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe advierten que la situación económica y administrativa llegó a un punto límite, con demoras en los pagos, aranceles desactualizados y centros que ya bajaron la persiana en Rosario.
Advertencia de Apridis por falta de pagos
La presidenta de la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, expuso que la combinación de atraso en los aranceles, deudas acumuladas y cambios normativos sin financiamiento está dejando al sistema al borde del colapso.
Según detalló, la falta de pagos por parte del gobierno nacional y el incumplimiento de lo establecido por la ley de discapacidad generan un escenario que califica como “ya terminal” para muchos prestadores que dependen casi por completo de esos fondos para sostener su funcionamiento diario.
En Rosario ya se registró el cierre de tres espacios que brindaban acompañamiento terapéutico, talleres educativos y apoyo a familias, lo que profundiza la preocupación de las organizaciones y de quienes utilizan estos servicios para garantizar la inclusión.
Centros en riesgo y medidas de fuerza inéditas
Las instituciones advierten que, si el esquema de pagos no se regulariza y los aranceles no se actualizan de acuerdo a la inflación y a los costos reales de funcionamiento, más centros de día, escuelas especiales y servicios de apoyo podrían suspender actividades o directamente cerrar.
Ante este panorama, el sector de discapacidad inició medidas de fuerza inéditas para visibilizar el reclamo. Entre las acciones se mencionan la reducción progresiva de servicios, asambleas informativas con familias y movilizaciones frente a organismos estatales para exigir una respuesta concreta y sostenida.
Las entidades insisten en que la continuidad de las prestaciones no es solo una cuestión contractual, sino un derecho básico de las personas con discapacidad, respaldado por la legislación nacional y los tratados internacionales que Argentina incorporó a su marco jurídico.
Respuesta oficial y preocupación en Santa Fe
Horas después de la difusión de los reclamos, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una renovación de la normativa vinculada al sistema de prestaciones por discapacidad. El mensaje apuntó a mostrar voluntad de ordenamiento, aunque prestadores y familias aún esperan detalles sobre cómo impactará en los pagos y en la actualización de aranceles.
En la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario, la preocupación crece porque el cierre de dispositivos especializados implica que muchas personas con discapacidad quedan sin terapias, sin acompañamiento en su escolaridad y sin espacios de socialización adaptados a sus necesidades.
Las organizaciones remarcan que, si no se resuelve el atraso de los pagos y no se garantiza la continuidad de las prestaciones, el costo más alto lo asumirán las familias y los propios usuarios del sistema, que verán vulnerados derechos que demandaron décadas de lucha para ser reconocidos.
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