Las extensiones rurales de entre 500 y 10.000 hectáreas tendrían un cobro adicional de impuestos. Lo recaudado iría a reforzar políticas alimentarias.
El diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, presentó un proyecto de ley para crear un impuesto a las grandes extensiones rurales. De aprobarse, deberían pagarlo los propietarios de grandes extensiones de tierra en la provincia. Lo recaudado iría a la creación de un fondo provincial para reforzar las políticas alimentarias de quienes más lo necesitan.
“Este impuesto solamente recaería en menos del 1% de la población de la provincia y sería realmente justo, de acuerdo a todo lo que produce la gente para que ese 1% sea extremadamente rico”, dijo el diputado.
¿A quiénes alcanza?
Los alcanzados serían personas físicas o jurídicas que posean entre 500 y 10.000 hectáreas. Deberían pagar un monto extra al ya establecido impuesto inmobiliario rural. Los propietarios de nacionalidad argentina que sean personas físicas deberán pagar un 30%; los personas jurídicas, un 35%; y los dueños de nacionalidad extranjera, un 40% más.
“Generalmente estos sectores están exentos o pagan menos de lo que corresponde, como pasa con los grandes exportadores de la provincia de Santa Fe, con los propietarios de viviendas ociosas y con los bancos. Para tener un Estado que sea inteligente, activo y que realmente responda a las necesidades populares, necesitamos cobrarle a los que más tienen y no siempre cargar la mochila pesada en la clase media en o en los sectores populares”, dijo Del Frade.
“En un momento donde la necesidad de tierra para vivir y para trabajar es cada vez mayor, y donde el ajuste impulsado por el gobierno nacional cae ferozmente sobre las espaldas de las y los trabajadores, pymes y pequeños productores, es necesario ir a buscar la riqueza en quienes la concentran”, dice el proyecto.
“Existen grandes extensiones de tierra rural que se van revalorizando sin más inversión que la que ha realizado el Estado en infraestructura. Al gravar la gran propiedad territorial aportaremos con la absorción, por parte del Estado, de un porcentaje de la renta de la tierra, a provocar una deflación de los precios de la misma, una mayor oferta y la adjudicación en esta forma a los pequeños y medianos productores rurales”.
El ajuste del FMI
El diputado aseguró que este proyecto “responde a lo que impone al Fondo Monetario Internacional, pero en eso también hay un enorme riesgo desde la desintegración nacional porque, al no cumplir con leyes nacionales de devolución de producción y transferencia de los sectores populares de las provincias al Gobierno central, cada provincia va a empezar a ver cómo puede afrontar todo lo que necesita para su población”.
“Las respuestas que están teniendo los gobernadores es directamente proporcional a la política de saqueo ESCUCHAR. Cuando Pullaro habla de un impuesto a la riqueza a nivel nacional como alternativa y se lo plantea al presidente de la Nación lo que hay que decirle es que empiece por casa, generando un impuesto a la riqueza acá en la provincia de Santa Fe”, opinó el legislador.
Otros impuestos
Desde el bloque del Frente Amplio por la Soberanía proponen también cobrar ingresos brutos a las exportadoras e impuestos específicos para las viviendas ociosas y los bancos. Las exportadoras, según informaron, están facturando el equivalente a un presupuesto y medio de la provincia de Santa Fe pero que no pagan ingresos brutos: “Sería realmente muy importante que se les cobre ese concepto, porque suplantaría lo que la Nación está reteniendo del Fondo Compensador de Transporte y del Fondo Nacional de Incentivo Docente”.
“Hay particulares y empresas que tienen más de cinco departamentos en grandes ciudades y que están deshabitados porque lo hacen para la especulación inmobiliaria, o peor: para el lavado de dinero”, aseguró sobre la cuestión de las viviendas ociosas. Además, opinó que los bancos “tienen una enorme rentabilidad en la provincia de Santa Fe y dejan prácticamente nada”.
El proyecto
Por región geográfica
Según la zona geográfica, el impuesto establece una base de extensión a partir de la cual debe abonarse:
- Área 1 (sur del departamento General López): se propone cobrar allí a quienes posean más de 800 hectáreas.
- Zona 2 (centro y norte del departamento General López, departamento Caseros, la mayor parte del departamento Belgrano, departamento Constitución, departamento Rosario, centro y sur de los departamentos Iriondo y San Lorenzo, sur del departamento San Martín): se propone cobrar allí a quienes posean más de 500 hectáreas.
- Área 3 (oeste del departamento San Martín, la mayor parte del departamento Castellanos y el sudoeste del departamento San Cristóbal): se propone cobrar allí a quienes posean más de 1000 hectáreas.
- Área 4 (este del departamento San Martín, norte de los departamentos Iriondo y San Lorenzo, centro-oeste del departamento San Gerónimo, sudeste del departamento Castellanos, oeste del departamento La Capital y centro-oeste de Las Colonias): se propone cobrar allí a quienes posean más de 800 hectáreas.
Mayores extensiones
- Zona 5 (la zona de la costa del Paraná desde el departamento General Obligado hasta Puerto Gaboto): se propone cobrar allí a quienes posean más de 3000 hectáreas.
- Área 6 este (San Justo, sur de Vera, sudoeste de General Obligado y noroeste de San Javier): se propone cobrar allí a quienes posean más de 1500 hectáreas.
- Zona 6 oeste (centro-oeste del departamento 9 de Julio, centro de San Cristóbal, norte de Las Colonias): se propone cobrar allí a quienes posean más de 3000 hectáreas.
- Área 7 (norte de San Cristóbal, este de 9 de Julio, centro-oeste de Vera, norte de San Justo): se propone cobrar allí a quienes posean más de 10.000 hectáreas.
- Área 8 (este de Vera, oeste de General López y el extremo sur de San Javier): se propone cobrar allí a quienes posean más de 10.000 hectáreas.
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