Las empresas de medicina prepagas definen aumentos para julio y todo indica que se ubicarán en torno a la cifra del IPC registrada en mayo.
Empresas de medicina prepagas comenzaron a informar aumentos en las facturas que llegarán a partir de julio. A raíz de la 1,5% registrado en mayo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las prepagas del país confirmaron las subas que impactarán desde el próximo mes, los cuales se ubican por debajo del 2%.
En el mes de mayo, los incrementos oscilaron entre un 3,5% y un 3,0%, los cuales se sumaron a los aumentos de abril, que se ubicaron entre el 2,2% y el 2,8%. Ahora, las prepagas mantuvieron una reunión con las autoridades de Salud y se comprometieron a moderarlos.
Consecuentemente con la inflación de mayo (1,5%), la más baja de los últimos cinco años, y en el marco de un proceso de descenso, la mayoría de las compañías informaron subas que se ubican por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por INDEC.
Prepagas definen aumentos para julio
Sancor, por ejemplo, comunicó un incremento de sus precios en un 1,2%, mientras que el Hospital Italiano lo hará en un 1,3%. En Swiss Medican, la suba rondará el 1,25% para sus planes, aunque también aplicarán un 1,1% de suba en los programas que tienen copago. Por su parte, Federada aumentará a la par de la inflación (1,5%), mientras que OSDE decidió subir sus planes un 1,8%, apenas por encima del IPC. Finalmente, Galeano lo hará en un 1,9%.
Obras sociales y prepagas deberán resolver reclamos en treinta días
Las obras sociales y empresas de medicina prepaga en Argentina deberán atender los reclamos de sus afiliados en un plazo máximo de treinta días hábiles. Así lo dispuso un nuevo procedimiento implementado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La reforma busca poner fin a años de demoras y falta de respuestas, garantizando que los beneficiarios del sistema de salud reciban atención más rápida y efectiva.
Una de las principales modificaciones es que las entidades ahora tienen un plazo de cinco días corridos para responder a los requerimientos del organismo regulador. Anteriormente, los procesos podían extenderse hasta dos años sin que se aplicaran sanciones concretas.
El nuevo procedimiento se basa en la aplicación de criterios objetivos y sanciones proporcionales, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia. Esto marca el fin de un sistema que a menudo carecía de transparencia y estaba sujeto a decisiones arbitrarias.
Además, las sanciones económicas también se han endurecido. Ahora se calcularán en módulos, cada uno equivalente al haber mínimo jubilatorio. Según la reforma, las multas pueden oscilar entre cinco y los cien módulos, lo que podría traducirse en más de treinta millones de pesos por infracción.
Hasta ahora, las entidades podían eludir responsabilidades mediante un pago voluntario de solo treinta y mil pesos.
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