Un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA puso en números la precarización laboral juvenil en Argentina y encendió una nueva alarma: la mayoría de los jóvenes se desempeña sin derechos básicos ni protección social.
Un mercado laboral que excluye a los jóvenes
El estudio académico reveló que 7 de cada 10 jóvenes ocupados tienen empleos informales, sin registrar su vínculo ante los organismos correspondientes. Esta situación implica que quedan fuera de la legislación laboral, impositiva y de seguridad social, lo que limita sus posibilidades de construir una trayectoria estable.
Según los datos difundidos, más del 40% del total de los trabajadores del país se desempeña por fuera de los marcos legales vigentes. El informe advierte que la informalidad no sólo afecta a quienes recién se insertan en el mercado, sino que también se extiende a adultos con varios años de experiencia.
Quienes trabajan en negro carecen de aportes jubilatorios, cobertura de obra social y seguros frente a accidentes laborales. Además, tienen mayores dificultades para acceder al crédito y sostener proyectos de largo plazo, como alquilar una vivienda o financiar estudios.
Impacto en ingresos, derechos y futuro
La investigación de la UBA subraya que la precarización se traduce en salarios más bajos y mayor inestabilidad. Los jóvenes suelen encadenar changas, contrataciones temporarias o empleos a prueba permanente, sin posibilidad de reclamar indemnizaciones ni licencias pagas.
Esta dinámica tiene efectos directos sobre la movilidad social: sin protección ni ingresos previsibles, se dificulta planificar estudios, independizarse del hogar de origen o ahorrar. El estudio remarca que la informalidad reproduce desigualdades previas y golpea con más fuerza a los sectores de menores recursos.
Al quedar por fuera del sistema formal, también se resiente la recaudación del Estado y el financiamiento de políticas públicas. La falta de aportes a la seguridad social impacta en el futuro del sistema previsional, mientras que la evasión impositiva reduce los recursos para educación, salud y programas de empleo.
Desafíos para revertir la informalidad
El informe de la Facultad de Ciencias Económicas plantea la necesidad de políticas activas de empleo joven que incentiven la registración laboral. Entre las herramientas posibles se mencionan programas de capacitación, reducción de cargas patronales focalizadas y controles más estrictos sobre las condiciones de contratación.
También se señala la importancia de mejorar la articulación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. La falta de reconocimiento de títulos, las prácticas no remuneradas y los contratos informales en rubros intensivos en jóvenes, como comercio y servicios, son algunos de los puntos críticos.
Para los especialistas, abordar la informalidad juvenil es clave para evitar una generación sin derechos laborales plenos. El estudio concluye que, sin cambios estructurales, la precarización podría consolidarse como norma para una amplia franja de trabajadores.
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