El fondo inglés Burford Capital solicitó a la jueza Loretta Preska que autorice el pedido de embargos contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF.
Esta solicitud se produce después de que la jueza condenara al Estado argentino y lo dejara al borde de tener que pagar una suma de USD 16.000 millones.
La jueza Preska, de la corte del Distrito Sur de Manhattan, determinó la culpabilidad de Argentina en el proceso de nacionalización de la petrolera y dejó al país en una situación delicada. El bufete inglés Burford Capital, principal demandante en el caso, solicitó a la jueza que autorice los embargos en un plazo de 30 días, argumentando los antecedentes de incumplimiento de pagos por parte del Estado argentino.
El escrito presentado por los abogados del bufete inglés menciona las demandas anteriores contra Argentina, como la de los holdouts, en las que el país se negó a pagar las sentencias en su contra. Además, señala la intransigencia del país al no honrar sus deudas judiciales legítimas y destaca que Argentina enfrenta el mayor número de reclamos en el mundo y se ha negado a pagar las sentencias en su contra.
En el documento presentado por los demandantes, también se hace mención a las declaraciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en 2012, al momento de la expropiación de YPF, expresó su negativa a cumplir con la ley de la propia YPF y respetar sus estatutos. Estas declaraciones refuerzan la postura de los demandantes de que Argentina no cumplirá con las sentencias en su contra.
A pesar de que la jueza Preska no ha accedido a aceptar embargos contra el país en causas residuales, pero aún abiertas por algunos fondos que siguen reclamando, en el pasado se vivió una situación emblemática cuando el juez Griesa ordenó retener la Fragata Libertad en un puerto de Ghana durante casi 80 días.
Ahora, Argentina espera la apelación del Estado y se prepara para enfrentar un proceso legal complicado que podría tener consecuencias económicas significativas. Queda por ver cómo el país evitará las órdenes de embargo y qué medidas tomará para proteger sus intereses en este caso.
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