La Justicia federal avanza sobre presuntas maniobras irregulares con el dólar y pidió acceder a reportes confidenciales vinculados a operaciones sospechosas de un exfuncionario, sus socios y personal del Banco Central (BCRA).
La Fiscalía federal solicitó que se levante el secreto de la Unidad de Información Financiera (UIF) para obtener detalles de posibles operaciones cambiarias sospechosas vinculadas a Héctor Piccirillo, sus presuntos socios comerciales y funcionarios del Banco Central de la República Argentina.
El planteo forma parte de una nueva tanda de medidas de prueba en una causa que indaga si se montó una red de intermediación financiera para operar con el dólar al margen de los controles oficiales. La investigación apunta a determinar si hubo uso de información privilegiada, desvío de fondos o irregularidades en movimientos bancarios y cambiarios.
Qué busca la Justicia con los informes de la UIF
La UIF es el organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Está facultada para recibir reportes de operaciones sospechosas de bancos, sociedades de bolsa, casas de cambio y otros actores del sistema financiero.
Cuando la Justicia pide levantar el secreto de la UIF, reclama acceder a esos reportes internos para reconstruir rastros de dinero, movimientos inusuales y posibles vínculos entre personas físicas y jurídicas bajo sospecha. En este caso, la lupa está puesta en el circuito del dólar oficial, el contado con liquidación y otras operatorias financieras.
Fuentes judiciales explican que en causas complejas, la información de la UIF suele funcionar como un mapa inicial: permite detectar cuentas en el exterior, transferencias escalonadas y sociedades utilizadas como pantalla. A partir de esos datos, se ordenan luego pericias contables y allanamientos específicos.
El rol del Banco Central y los controles sobre el dólar
El Banco Central (BCRA) tiene a su cargo el control de las operaciones cambiarias y el monitoreo de quién compra dólares, a qué valor y bajo qué concepto. En los últimos años, con restricciones fuertes sobre el acceso al mercado oficial, crecieron las maniobras para sortear el cepo mediante financieras, cuevas y estructuras paralelas.
En este contexto, la causa en la que aparecen mencionados Piccirillo y funcionarios del BCRA intenta determinar si hubo aprovechamiento indebido de regulaciones, filtración de información sensible o trato privilegiado a determinados operadores. De confirmarse, podría configurarse una combinación de delitos económicos y de corrupción pública.
Además de los informes de la UIF, la Justicia suele requerir al Banco Central los registros completos de operaciones cambiarias, autorizaciones de acceso al mercado único y libre de cambios y eventuales comunicaciones internas sobre cambios regulatorios que pudieran haber beneficiado a determinados actores.
Por qué los casos de lavado y dólar generan tanta atención
Argentina encabeza desde hace años los índices de economía informal en la región, con un alto nivel de operaciones en efectivo y en dólares por fuera del circuito bancarizado. Esa realidad convierte al país en terreno fértil para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero y utilización de testaferros.
Organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evalúan periódicamente el desempeño de los países en la persecución del lavado. Cada causa judicial que avanza sobre circuitos clandestinos de dólares también impacta en la imagen del sistema financiero argentino ante bancos y reguladores del exterior.
Por ahora, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas. El acceso a los reportes de la UIF será clave para saber si las sospechas sobre Piccirillo, sus socios y funcionarios del Banco Central se traducen en imputaciones formales o si, por el contrario, los movimientos detectados responden a operaciones justificadas dentro del marco legal.
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