La causa contra el ex magistrado federal Marcelo Bailaque sumó un nuevo capítulo, con un pedido de condena fuerte y acusaciones por maniobras ilícitas vinculadas a un terreno en Funes.
El Ministerio Público Fiscal del fuero federal en Rosario pidió una condena de 10 años de prisión para el ex juez Marcelo Bailaque, acusado de extorsión y de integrar maniobras para apropiarse de un valioso terreno ubicado en la ciudad de Funes, en el área metropolitana de Rosario.
Según la acusación, Bailaque habría utilizado su posición como magistrado para presionar y beneficiar a terceros en una disputa por la propiedad del lote, aprovechando su conocimiento del sistema judicial y su capacidad de influencia sobre decisiones clave.
En el expediente también fueron imputados tres presuntos cómplices, señalados como partícipes necesarios de la maniobra. Se los acusa de colaborar en la presión sobre los legítimos dueños y en el armado de la operatoria para lograr el control del inmueble.
Un caso que sacude al fuero federal rosarino
La causa reviste una fuerte gravedad institucional, ya que involucra a un ex juez federal, figura central en la administración de justicia en Rosario. La fiscalía consideró como agravante el abuso de poder, al tratarse de un funcionario que debía garantizar legalidad y transparencia.
De acuerdo a fuentes judiciales, el expediente se originó tras denuncias por maniobras irregulares en torno a la tenencia del terreno en Funes, una localidad que en los últimos años experimentó un fuerte crecimiento inmobiliario y un marcado incremento en el valor de la tierra.
En ese contexto, el Ministerio Público sostuvo que las acciones atribuidas a Bailaque y al resto de los imputados estarían dirigidas a obtener un beneficio económico indebido, mediante presiones y posibles amenazas hacia quienes reclamaban la titularidad legítima del predio.
Qué se espera del juicio y los próximos pasos
El juicio oral podría concretarse antes de que termine el año, según estiman en Tribunales Federales. De confirmarse los plazos, se trataría de uno de los debates más sensibles para el fuero local, por el peso institucional del acusado y el impacto público del caso.
Durante el debate se analizarán pruebas documentales, peritajes y testimonios que buscarán determinar si existió un esquema de extorsión y coacción orientado a torcer la voluntad de los involucrados en la disputa por el terreno.
En paralelo, organismos vinculados a la transparencia y la ética pública siguen con atención el avance del expediente, ya que el caso vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre el desempeño de jueces y funcionarios en el sistema federal argentino.
Si el tribunal hace lugar al pedido fiscal y dicta una condena cercana a los 10 años solicitados, el fallo podría convertirse en un precedente relevante en materia de responsabilidad penal de magistrados por hechos de corrupción y abuso de autoridad.
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