El ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque enfrenta un proceso judicial que se encamina a una definición clave, con un pedido de pena que podría marcar un precedente para la Justicia federal en la región.
El ex magistrado federal de Rosario enfrenta una triple acusación por presunta corrupción, en una causa que sigue de cerca el funcionamiento de los tribunales federales de la ciudad. Los fiscales del caso adelantaron que solicitarán una pena de 10 años de prisión, al considerar acreditados distintos hechos vinculados al abuso de su cargo.
Bailaque permanece bajo prisión domiciliaria mientras avanza el proceso ante la Justicia federal. En el expediente también están involucrados un escribano y la esposa del ex juez, quienes fueron acusados como partícipes en las maniobras investigadas.
De acuerdo al legajo, a Bailaque se le atribuyen maniobras de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Triple acusación y rol de los fiscales
La imputación se apoya en tres ejes centrales: enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Según adelantaron fuentes judiciales, los fiscales evalúan que el ex juez habría utilizado su cargo para obtener beneficios económicos indebidos y para favorecer intereses particulares.
El pedido de 10 años de prisión se basa en la gravedad de los hechos atribuidos y en la responsabilidad institucional que recae sobre un magistrado federal. En este tipo de causas, la Justicia suele ponderar no solo el eventual daño económico, sino también el impacto sobre la confianza pública en el Poder Judicial.
Imputaciones contra el escribano y la esposa del ex juez
En la misma causa fueron acusados el escribano Gabriel Mizzau, señalado como colaborador en la estructuración de operaciones patrimoniales, y la esposa del ex magistrado, apuntada por su presunta participación en el movimiento de bienes y fondos cuestionados.
De acuerdo a la acusación fiscal, ambos habrían intervenido en maniobras orientadas a ocultar el origen y la titularidad real de determinados activos. Esa presunta colaboración se incorpora como un elemento clave para sostener la existencia de un entramado de corrupción que excede la figura del ex juez.
Un caso sensible para la Justicia federal de Rosario
El proceso contra Bailaque se da en un contexto de mayor exigencia social sobre la transparencia de los tribunales federales, particularmente en Rosario, donde se investigan causas de narcotráfico, lavado de activos y delitos complejos.
En las próximas instancias del proceso se espera la exposición completa de los argumentos de las partes, la presentación de pruebas y, finalmente, la resolución del tribunal. Hasta que haya una sentencia firme, rige el principio de inocencia para todos los imputados.
Qué puede ocurrir a partir del pedido de pena
El anuncio de los fiscales abre una etapa clave: la defensa podrá contestar el pedido de pena, cuestionar la calificación legal y solicitar nulidades o atenuantes. Recién luego de ese intercambio, el tribunal estará en condiciones de dictar una sentencia.
En el caso de que se confirme una condena, podrían dictarse medidas complementarias como la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes cuya procedencia no resulte justificada. Si, por el contrario, el tribunal considera que no se acreditaron los delitos, los imputados quedarán sobreseídos.
Mientras tanto, el expediente seguirá bajo observación de la opinión pública, atentos al desenlace de una causa que pone en el centro del debate la conducta de quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley.
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