Un tribunal de apelaciones de Perú ratificó la orden de 36 meses de prisión para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde su destitución en diciembre por un presunto delito de corrupción. Deberá seguir encarcelado hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza con la investigación y decide su eventual llamado a juicio.
Un fallo de un tribunal de apelaciones en Perú confirmó que el expresidente Pedro Castillo deberá seguir cumpliendo su condena de 36 meses de prisión por presunto delito de corrupción. El exmandatario, quien había intentado disolver el Congreso, se encuentra detenido desde diciembre pasado y permanecerá tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la investigación continúa y se define su posible juicio.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín Castro, ratificó la orden de prisión preventiva dictada contra Castillo Terrones, investigado por presunto delito de organización criminal y otros, según informó el Poder Judicial en Twitter. El juez Juan Carlos Checkley ya había dictado una sanción preventiva de 18 meses contra Castillo por el intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Castillo, de 53 años, fue destituido y llevado a la cárcel de Barbadillo en Lima, tras su fracasada maniobra en diciembre pasado. Su caída profundizó la crisis política en Perú y desató protestas que dejaron más de 50 muertos. El exmandatario, un líder sindical oriundo de Cajamarca, niega los cargos de corrupción y sostiene que está “secuestrado injustamente”.
La fiscalía acusa a Castillo de haber liderado una red de corrupción, lavado de activos y concesión de contratos de obras públicas desde la presidencia. Dos de sus exministros también están detenidos y cumplen prisión preventiva por el mismo caso. La vicepresidente Dina Boluarte asumió la presidencia después de la destitución de Castillo y desató nuevas protestas con reclamos de renuncia y convocatoria a nuevas elecciones.
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