Antes de la reunión de la comisión de Régimen Municipal de la Convención Constituyente intendentes y presidentes comunales del peronismo agrupados en el espacio Vamos dieron a conocer su propia propuesta sobre autonomía municipal.
Antes de la reunión de la comisión de Régimen Municipal de la Convención Constituyente, que tendrá lugar este viernes en Rosario, intendentes y presidentes comunales del peronismo agrupados en el espacio Vamos dieron a conocer su propia propuesta sobre autonomía municipal.
El documento fue elaborado por referentes territoriales del justicialismo. Plantea que la nueva Constitución reconozca al municipio como una “comunidad sociopolítica”. Consideran que debe estar fundada en la convivencia y vecindad, con facultades para gestionar los intereses locales.
Entre los puntos principales, la iniciativa propone distinguir a los municipios de más de diez mil habitantes como ciudades y a los de menor población como pueblos. Asimismo, se detallan competencias municipales como la salubridad, higiene y moralidad pública, cementerios y servicios fúnebres, planificación urbana, apertura de calles y plazas, ordenamiento territorial, tránsito y transporte, y control sobre la elaboración y venta de alimentos, entre otras funciones ligadas a las necesidades locales.
Desde el espacio, encabezado por el intendente de Pérez y convencional constituyente Pablo Corsalini, remarcaron: “El régimen municipal que proponemos implica autonomía real para nuestras comunidades: libertad para decidir desde el territorio”.
Intendentes peronistas presentaron su proyecto de autonomía municipal: bases para una mayor autonomía municipal
La propuesta establece que todos los municipios serán independientes en el ejercicio de sus competencias y gozarán de autonomía política, administrativa, económica y financiera.
Aquellos que sancionen su propia carta orgánica tendrán, además, autonomía institucional. Para los municipios que no cuenten con carta orgánica, se prevé que se rijan por una ley orgánica provincial. Debe garantizar la duración de los mandatos en cuatro años (con reelección por un solo periodo consecutivo), la paridad de género y la renovación total de los cuerpos colegiados.
En los pueblos, el Gobierno estará a cargo de una comisión municipal elegida por el voto popular. Mientras, en las ciudades el Ejecutivo recaerá en un intendente y el legislativo en un concejo municipal elegidos por representación proporcional y con paridad de género. Además, la iniciativa recoge el reclamo de extender los mandatos a cuatro años, eliminando el balotaje y las elecciones intermedias para dar mayor estabilidad a la gestión.
Cartas orgánicas y participación ciudadana
El texto remarca que las cartas orgánicas deberán ser sancionadas por convenciones municipales especialmente convocadas. Deberá ser con representantes elegidos por el doble del número de concejales y bajo el sistema de paridad de género. Esta elección no podrá coincidir con comicios nacionales o provinciales y se requerirán las mismas condiciones que para ser concejal.
Las cartas orgánicas deberán contemplar el sistema representativo y republicano, la elección directa de autoridades, el voto universal y obligatorio, y mecanismos de control interno y externo de la actividad financiera municipal. Además, se incluyen herramientas de iniciativa popular y referéndum.
Reparto de recursos y demandas históricas
Uno de los ejes centrales del proyecto es la coparticipación de recursos, un reclamo recurrente de los gobiernos locales. La iniciativa de Vamos establece un piso del 16% de los fondos federales para los municipios y al menos un 6% para las comunas. En tanto, para la recaudación provincial se fija un piso del 20% para ciudades y 10% para pueblos.
Al respecto, intendentes y jefes comunales exigen que el envío de fondos sea automático y regular, sin depender de la discrecionalidad de la gobernación. Además, proponen fortalecer la colaboración entre municipios y con la provincia y que los gobiernos locales tengan un rol protagónico en la gestión de obras y servicios, una cuestión clave dado que la Legislatura autorizó al Ejecutivo provincial a tomar deuda por más de mil millones de dólares para infraestructura.
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