La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, una medida que promete un fuerte impacto en la actividad económica y en los servicios esenciales.
Una medida de fuerza contra la reforma laboral
La conducción de la CGT resolvió llevar adelante un paro nacional de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que debate la Cámara de Diputados. La central obrera considera que el proyecto oficial implica una pérdida de derechos adquiridos y una flexibilización de las condiciones de trabajo.
El paro tendrá alcance en todo el país e incluirá movilizaciones y asambleas en distintos puntos, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentrarán los principales gremios confederados.
¿Qué gremios adhieren al paro?
La medida cuenta con la adhesión de los sindicatos que integran la CGT y de otros espacios que se suman de manera independiente. Entre los principales gremios que anunciaron su participación se encuentran:
- Transporte: choferes de colectivos, ferroviarios y algunos sectores de aeronáuticos anticiparon que se plegarán a la protesta, lo que afectará el traslado de millones de personas.
- Comercio: la mayoría de los empleados mercantiles acompañará la medida, por lo que se espera una fuerte reducción en la actividad comercial.
- Estatales: trabajadores de la administración pública nacional y de distintos organismos descentralizados realizarán paro total o parcial.
- Sanidad: personal de clínicas y sanatorios adherirá con guardias mínimas, garantizando la atención de urgencias.
- Construcción, metalúrgicos y textiles: los gremios industriales también confirmaron que interrumpirán sus tareas.
En paralelo, algunas organizaciones sociales y sindicales de la CTA y la izquierda anunciaron que acompañarán la jornada con marchas y concentraciones frente al Congreso, donde se tratará la ley.
El debate por la reforma laboral
La discusión sobre la reforma laboral viene ganando centralidad en la agenda pública. El Gobierno sostiene que busca modernizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y promover nuevas formas de contratación que incentiven el empleo registrado.
La CGT, en cambio, advierte que varios puntos del proyecto recortan indemnizaciones, amplían los períodos de prueba y habilitan esquemas de flexibilización que podrían derivar en mayor inestabilidad laboral, sobre todo para los sectores más precarizados.
El desenlace del debate en Diputados será clave para definir los pasos a seguir por parte de la central obrera, que no descarta nuevas medidas de fuerza si la norma se aprueba sin cambios sustanciales.
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