Consideraron que la suspensión del capítulo de reforma laboral “puede traer consecuencias irreversibles” y acusaron de “privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población”.
El Gobierno nacional consideró que los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 de desregulación económica son “hipotéticos”. Así lo afirman en la presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia para que se revierta el fallo de una medida cautelar que lo suspendió.
También consideraron que la suspensión del capítulo de reforma laboral “puede traer consecuencias irreversibles” y acusaron de “privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población”.
El texto
“No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”, dijeron los abogados representantes del Estado Nacional en el recurso extraordinario presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el marco del expediente iniciado por una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El recurso tiene la firma del Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, y busca lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia ante la cautelar de la CGT que suspendió los efectos del capítulo laboral del DNU.
Barra sostuvo que “la sentencia no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales”.
“La decisión trasciende al interés perseguido por la actora, puesto que las medidas estatales suspendidas forman parte de una reforma normativa integral imprescindible para la subsistencia del Estado”.
El argumento
“Adviértase que la política pública fue impulsada por DNU porque precisamente es necesario y urgente adoptar decisiones que eviten una catástrofe económica y social: concretamente una hiperinflación y porcentajes extremos de pobreza, circunstancias que son hoy de público conocimiento”, continuó el Procurador del Tesoro.
“Suspender el DNU hasta el dictado de la sentencia definitiva, en el marco de un proceso que, aunque sea sumarísimo puede durar hasta más de un año, puede traer consecuencias irreversibles”. “Es decir, puede ser demasiado tarde para los argentinos”, afirmó.
“Debe ponerse de resalto que las particularidades de la cuestión exceden el interés individual y conllevan un claro supuesto de gravedad institucional (suspensión de vigencia normativa) que habilita por sí sola la instancia extraordinaria conforme el criterio que ha sustentado”, continúa.
“Han privilegiado a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población, lo que resulta inadmisible en el marco de la crisis económica que está viviendo el país y que no permite demoras”, cerró el Procurador.
