La Argentina sumó un nuevo traspié judicial en Estados Unidos dentro del millonario juicio por la expropiación de YPF, en una instancia clave para definir qué bienes del país podrían quedar expuestos a embargos futuros.
La jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó el pedido de la defensa argentina para suspender el proceso de discovery sobre los activos potencialmente embargables, pese a que aún está pendiente la apelación sobre el fallo de fondo por la expropiación de YPF en 2012.
El discovery es una etapa crucial del litigio en la que los demandantes buscan información detallada sobre bienes y estructuras societarias ligadas al Estado argentino. El objetivo es identificar qué activos, en el exterior, podrían ser alcanzados por futuras medidas de embargo para asegurar el cobro de la sentencia.
¿Qué decidió la jueza Preska y por qué complica a la Argentina?
En su resolución, Preska entendió que no hay razones suficientes para detener el avance del proceso sobre activos, aun cuando la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito todavía debe pronunciarse sobre el monto y alcance de la condena contra el país. La magistrada ya había dictado en 2023 una sentencia adversa que, según estimaciones privadas, podría superar los u$s 16.000 millones.
Los demandantes representan a fondos que adquirieron derechos de antiguos accionistas de YPF, entre ellos el grupo Burford Capital. Sostienen que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, avanzó con la expropiación sin lanzar una oferta pública de adquisición por el total de las acciones en manos privadas.
Para el Estado nacional, en cambio, se trató de una decisión de política energética estratégica y se cuestiona que un tribunal extranjero determine compensaciones multimillonarias que podrían impactar en las reservas y en la capacidad de financiamiento del país.
¿Qué implica el avance del discovery sobre los activos?
El rechazo a frenar el discovery habilita a los abogados de los fondos a requerir documentación e información sobre empresas públicas, fideicomisos, cuentas y participaciones estatales en el exterior. El eje de la discusión será determinar qué bienes pueden considerarse “activos comerciales” y por lo tanto embargables, y cuáles están protegidos por inmunidad soberana.
En casos previos de deuda en default, fondos litigantes ya habían intentado ir sobre activos como cuentas de bancos oficiales, inmuebles de uso comercial y hasta recaudos de empresas estatales. Sin embargo, los tribunales estadounidenses suelen aplicar con cautela el criterio de embargo sobre bienes de Estados extranjeros, lo que anticipa una nueva batalla legal caso por caso.
Fuentes vinculadas a la defensa argentina advierten que, aun sin embargos inmediatos, el solo avance del discovery eleva la presión sobre la estrategia del Gobierno y complejiza cualquier intento de negociación global con los acreedores de esta causa.
Impacto político y económico del juicio por YPF
El caso YPF se convirtió en uno de los litigios más costosos que enfrenta la Argentina en el exterior. Analistas financieros remarcan que, en un contexto de reservas ajustadas y acceso limitado a los mercados, una sentencia firme de estas magnitudes condicionaría cualquier plan de estabilización macroeconómica.
En el plano político interno, el fallo también alimenta la disputa entre oficialismo y oposición acerca de las responsabilidades por la estatización de 2012 y sobre la estrategia jurídica que siguieron las distintas gestiones desde entonces. Especialistas en derecho internacional subrayan que la causa deja una lección para futuras intervenciones estatales en empresas cotizantes: respetar los estatutos y la normativa de mercado es clave para evitar demandas millonarias en tribunales extranjeros.
Mientras la Cámara de Apelaciones define si confirma o modifica el fallo de fondo, la Argentina deberá afrontar en paralelo una compleja pesquisa sobre sus activos, con la mira puesta en un eventual escenario de ejecución de sentencia.
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