Un fallo de la Cámara Penal de Rosario reavivó el debate sobre cómo debe actuar la Justicia cuando se cruzan un conflicto familiar grave, la tenencia de armas y la situación de un imputado en fase terminal de una enfermedad oncológica.
El camarista penal Javier Beltramone ordenó la libertad de un hombre de 69 años que padece cáncer de pulmón en fase cuatro, con metástasis cerebral, luego de permanecer detenido desde fines de diciembre por tenencia de armas tras un fuerte conflicto con su hijo, que atraviesa un consumo problemático de drogas.
El caso se originó en una vivienda de Rosario, donde una discusión familiar derivó en la intervención policial. En el domicilio del hombre se secuestraron armas de fuego y, a partir de ese hallazgo, la Fiscalía decidió imputarlo y solicitar medidas restrictivas, pese a su delicado diagnóstico médico.
La resolución del camarista y la situación de salud del imputado
Al revisar la causa, Beltramone tuvo en cuenta los informes médicos que acreditan que el imputado se encuentra en etapa terminal, con un cuadro compatible con cuidados paliativos. En este contexto, entendió que mantenerlo privado de la libertad resultaba desproporcionado y carente de sentido desde el punto de vista humanitario y procesal.
Fuentes judiciales indicaron que el camarista dispuso su inmediata excarcelación y sugirió que, en adelante, se prioricen medidas alternativas, como la supervisión médica y el acompañamiento familiar, en lugar de la detención efectiva.
La decisión no implica el cierre del expediente por la presunta tenencia de armas, pero sí redefine el modo en que el imputado atravesará el proceso, garantizando que pueda continuar su tratamiento oncológico fuera del ámbito carcelario.
Cuestionamientos al accionar fiscal y del juez de primera instancia
Tras la resolución de Cámara, distintos actores del ámbito judicial y de organismos de derechos humanos reclamaron investigar el accionar de la fiscal interviniente y del juez que convalidó la detención inicial. Consideran que, pese a la gravedad del hecho, debieron ponderarse desde el inicio la edad y el estado clínico del acusado.
Entre los puntos que se señalan se encuentran la proporcionalidad de la medida de encierro, la falta de consideración de los principios de humanización de la pena y el deber de adoptar alternativas menos lesivas cuando se trata de personas con enfermedades terminales.
En los últimos años, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional, la Corte Suprema y tribunales superiores han reiterado que el uso de la prisión preventiva debe ser excepcional, especialmente cuando se trata de imputados con graves problemas de salud o personas mayores.
Conflicto familiar, armas y consumo problemático
El episodio que derivó en la causa penal se produjo en el marco de una pelea con su hijo, quien, según se conoció en la investigación, atraviesa un consumo problemático de estupefacientes. La discusión escaló y motivó la intervención policial, que al llegar al lugar encontró armas dentro de la vivienda.
Fuentes cercanas al expediente señalan que la situación familiar es de alta conflictividad y que la presencia de armas en un entorno atravesado por violencia y adicciones representa un riesgo adicional. Por esa razón, la investigación sobre el origen, registro y condiciones de tenencia de esas armas seguirá su curso.
Organizaciones especializadas en adicciones y violencia intrafamiliar remarcan que estos cuadros suelen combinar vulnerabilidad social, problemas de salud mental y falta de redes de contención, y advierten sobre la necesidad de articular respuestas integrales que incluyan salud, asistencia social y acompañamiento jurídico.
Debate sobre el trato a personas gravemente enfermas en el sistema penal
El caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de cómo el sistema penal aborda las situaciones de personas con enfermedades terminales o padecimientos graves. Especialistas en derecho penal y derechos humanos sostienen que debe priorizarse el acceso a la salud, respetar la dignidad y evaluar con cuidado el impacto real de la privación de libertad.
En Santa Fe rige la obligación de que los jueces revisen periódicamente las condiciones de detención de quienes presentan diagnósticos críticos, así como la posibilidad de morigerar las medidas. La causa del hombre de 69 años se inscribe en esa línea y podría motivar nuevos protocolos internos para casos similares.
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