Los padres de una adolescente de trece años fueron condenados a diez años de prisión por trata de personas. Fue luego de obligarla a casarse con un joven de veinte.
La Justicia Federal confirmó penas de diez años de prisión para un matrimonio y su hijo por trata de personas. La víctima —su hija de trece años— había sido entregada a cambio de dinero y obligada a casarse con un joven de veinte años, quien además era su primo.
La Cámara Federal de Casación Penal adoptó la decisión y ratificó el fallo que había dictado el Tribunal Oral Federal de San Juan. Para los jueces, los hechos que el proceso acreditó configuraron un caso de explotación y matrimonio forzado, y remarcaron que ninguna práctica cultural puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.
Condenaron por trata de personas a los padres de una adolescente que fue obligada a casarse
De acuerdo con la investigación judicial, la menor fue captada en Neuquén entre marzo y abril de 2022. Su familia recibió 825 mil pesos en concepto de “precio dotal”, según estableció el expediente.
El acuerdo implicaba que la adolescente contrajera matrimonio con un joven de 20 años, quien además era su primo. La Justicia consideró que detrás de esa unión existió una situación de sometimiento y explotación que encuadraba en el delito de trata de personas.
El caso llegó a la Justicia Federal, que lo investigó con intervención de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de Casación Penal y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
La Justicia descartó el argumento de las “costumbres”
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue el análisis sobre la utilización de determinadas prácticas culturales como argumento de defensa. Los jueces sostuvieron que las costumbres o tradiciones no pueden legitimar situaciones que afectan derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la resolución mantuvo la calificación de los hechos como trata de personas.
La sentencia dejó firmes las penas de diez años de prisión para los tres integrantes de la familia que recibieron la condena.
La resolución judicial vuelve a poner en discusión la problemática de las uniones tempranas y los matrimonios forzados, situaciones que pueden dejar a niñas y adolescentes expuestas a distintas formas de violencia y explotación. En este caso, la Justicia no consideró la situación como un simple conflicto familiar ni como una práctica cultural, sino como una estructura de sometimiento en la que una menor de edad fue entregada a cambio de dinero y posteriormente explotada.
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