A través de la Resolución 1172/2025, el Gobierno estableció nuevos controles para auditorías de pensiones por invalidez laboral.
El Gobierno de Javier Milei derogó la Resolución 187/2025, que regulaba las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Anunció, en su lugar, un nuevo procedimiento para auditar estos beneficios. La medida se oficializó a través de la Resolución 1172/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo al Ejecutivo, la derogación se debe a que se han identificado “diversas observaciones y oportunidades de mejora” en los criterios de evaluación establecidos en la resolución original. Se destacó particularmente la necesidad de incorporar referencias a normativas internacionales en materia de discapacidad. La resolución original, anunciada en enero, contemplaba un procedimiento de revisión que incluía entrevistas y verificaciones médicas para más de un millón de beneficiarios. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, el Gobierno detectó que algunos criterios de revisión no se alineaban con normativas internacionales.
El nuevo procedimiento se confirmará en las próximas semanas y buscará actualizar los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de la invalidez laboral. La intención es garantizar un proceso más efectivo y justo para la verificación de las pensiones.
Nuevos controles para auditorías de pensiones por invalidez laboral
Esta decisión se produce después de que el Gobierno hubiera iniciado un proceso escalonado y progresivo de auditorías. Incluía diferentes etapas y controles para asegurar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos para recibir el beneficio.
Al respecto, el vocero presidencial Manuel Adorni había afirmado que las auditorías revelarían un “esquema de corrupción” dentro de la ANDIS. Según él, aproximadamente un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos para percibir el pago de la pensión. No obstante, la derogación de la resolución original y el anuncio de un nuevo procedimiento sugieren que el Gobierno busca implementar un enfoque más riguroso y ajustado a las normativas internacionales en materia de discapacidad.
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