El Gobierno nacional volvió a actualizar las tarifas del transporte público de pasajeros y el boleto de colectivo tendrá un nuevo incremento para los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción nacional.
A través de la Resolución 11/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó nuevos cuadros tarifarios para los colectivos que dependen de la Nación. La medida impacta en los servicios urbanos y suburbanos y se enmarca en el proceso de reducción de subsidios al transporte.
Las nuevas tarifas comenzaron a regir desde el mismo día de su publicación y contemplan una segunda actualización a partir del 16 de marzo. De esta forma, los usuarios deberán afrontar un incremento escalonado en el valor del boleto durante el primer trimestre del año.
Si bien los montos específicos varían según el tipo de recorrido y la distancia, la resolución establece una suba generalizada en las secciones básicas, medias y largas. En todos los casos, el Gobierno busca acercar el precio del pasaje al costo operativo real del sistema.
Impacto en el bolsillo y contexto económico
El nuevo aumento del boleto se suma a una serie de ajustes tarifarios que ya afectaron a servicios esenciales como energía, agua y gas. En ese marco, el transporte público vuelve a ubicarse en el centro del debate sobre el poder adquisitivo de los ingresos.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra la mayor parte de los servicios alcanzados por la resolución, economistas advierten que el incremento del transporte impacta de forma directa en el cálculo de la inflación núcleo y en los gastos mensuales de los hogares.
Organizaciones de usuarios y especialistas en movilidad urbana señalan que, sin una mejora paralela en la frecuencia y calidad del servicio, los incrementos pueden derivar en una caída de la demanda y un mayor uso del transporte informal. También advierten por el efecto sobre trabajadores informales y sectores de menores ingresos.
Subsidios y discusiones abiertas
El esquema aprobado por Economía se inscribe en una política más amplia de revisión de subsidios al transporte. En los últimos años, la brecha entre lo que paga el pasajero y el costo real del servicio se cubrió mayormente con transferencias del Estado nacional a empresas y jurisdicciones.
Ahora, el Gobierno busca que una mayor porción del costo sea absorbida por la tarifa final. Este giro vuelve a poner sobre la mesa las asimetrías entre el AMBA y el interior del país, donde los boletos suelen ser más caros por recibir menos subsidios nacionales.
Mientras tanto, cámaras empresarias del sector sostienen que los nuevos cuadros tarifarios son necesarios para evitar un deterioro mayor de la flota y poder afrontar costos crecientes en combustibles, mantenimiento y salarios. Del otro lado, usuarios y sindicatos reclaman que se garantice el acceso al transporte como un servicio público esencial.
Con la segunda actualización ya anunciada para el 16 de marzo, el debate sobre quién debe financiar el sistema de colectivos volverá a ocupar un lugar central en la agenda económica y social de las próximas semanas.
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