Los corralones de Baigorria no podrán vender materiales a personas que construyan en “barrios populares”, según nueva norma municipal.
Granadero Baigorria implementa una norma que busca frenar la construcción en terrenos ocupados de manera irregular. El decreto municipal n.º 0717/25 obliga a los comercios a recibir listados periódicos de inmuebles fiscales ocupados sin autorización y les prohíbe vender ladrillos, hierro u otros insumos a quienes figuren en ellos. La medida apunta a desalentar la expansión de asentamientos ilegales.
Los comerciantes serán responsables del cumplimiento y enfrentarán sanciones económicas e incluso posibles causas penales en caso de incumplimiento. El intendente Adrián Maglia defiende la iniciativa como un instrumento para ordenar el crecimiento urbano y controlar la ocupación de espacios públicos.
Sin embargo, la medida generó críticas en distintos sectores de la ciudad. Especialistas y referentes sociales cuestionan su efectividad, ya que resulta complejo que los vendedores puedan verificar la residencia real de cada cliente. También advierten que la prohibición afecta sobre todo a familias de bajos recursos que buscan mejorar sus viviendas, reforzando un sesgo clasista y excluyente. Algunos políticos y organizaciones locales calificaron la norma como injusta y discriminatoria, y alertan sobre sus posibles efectos sociales negativos.
Mientras los corralones locales deben ajustar su operatoria a la nueva normativa, el debate sobre la política habitacional continúa. Para muchos, el acceso a materiales de construcción no puede resolverse con prohibiciones, sino mediante estrategias integrales que combinen planificación urbana, regularización de terrenos y programas de vivienda accesible.
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