El Gobierno nacional transfirió fondos de emergencia a Chubut para reforzar el operativo contra los incendios forestales que arrasan miles de hectáreas en la provincia patagónica.
Imagen: Ámbito
El Ministerio del Interior efectivizó el giro de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut, con el objetivo de apuntalar la respuesta frente a los incendios forestales que ya consumieron unas 40.000 hectáreas, según estimaciones oficiales y relevamientos locales.
La asistencia había sido comprometida por el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las conversaciones con el gobierno chubutense, ante la magnitud del avance del fuego en distintas zonas rurales y de bosques nativos. El aporte se enmarca en los mecanismos de emergencia que prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal.
¿Cómo se usarán los fondos de emergencia?
De acuerdo a fuentes oficiales, los recursos serán destinados a cubrir gastos operativos inmediatos del combate al fuego: logística de brigadistas, combustible, alquiler y mantenimiento de aeronaves hidrantes, compra de equipamiento específico y refuerzo de la infraestructura para los equipos que trabajan en territorio.
Además, una parte del dinero se orientará a atender daños productivos y rurales, en especial en establecimientos ganaderos y forestales afectados por el avance de las llamas. El impacto alcanza a productores de pequeña y mediana escala, muchos de los cuales perdieron pasturas, alambrados e instalaciones básicas.
Un foco histórico en la Patagonia
Los incendios forestales en la Patagonia argentina se repiten cada verano, pero en esta temporada la combinación de sequía prolongada, altas temperaturas y vientos intensos generó un escenario especialmente crítico. Chubut, junto con provincias vecinas, figura entre las jurisdicciones con mayor superficie afectada en los últimos años.
Organismos ambientales y especialistas vienen advirtiendo que el cambio climático incrementa la frecuencia y la intensidad de estos eventos, y reclaman políticas de prevención a largo plazo: planificación del uso del suelo, controles sobre quemas intencionales y mayor inversión en sistemas de alerta temprana.
En paralelo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego coordina el envío de brigadistas de otras provincias, vehículos y equipamiento, mientras se monitorean nuevos focos con imágenes satelitales y sobrevuelos para evitar rebrotes en áreas ya contenidas.
Impacto social y reclamo por más recursos
Las localidades cercanas a las zonas afectadas registran pérdidas en viviendas, infraestructura rural y servicios básicos. También se reportan problemas de salud vinculados al humo, como afecciones respiratorias y oculares, en poblaciones expuestas durante varios días consecutivos.
Referentes sociales y ambientales de la región señalan que, si bien el envío de ATN aporta alivio inmediato, la situación vuelve a poner en agenda la necesidad de presupuestos estables para la gestión de riesgos, capacitación local y fortalecimiento de los cuerpos de brigadistas permanentes en el sur del país.
Mientras tanto, autoridades provinciales y nacionales mantienen una mesa de coordinación para evaluar la evolución del fuego y no descartan nuevas asistencias económicas si las condiciones climáticas complican el avance de los operativos de control.
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