Lo hizo a través de la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Natasa Loizou, días después de que la Justicia federal aceptara un amparo del gobierno porteño por la mora en la resolución del expediente administrativo para poder importar esas armas electrónicas e intimara a Nación a definirse en un plazo de 30 días.
La decisión del Gobierno nacional ya había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien días atrás había explicado que el proceso de adquisición de las pistolas (la Policía Federal también compró unas 100) empezó en octubre del año pasado, pero que todavía no las tienen porque la operación está en desarrollo, y que cuando las posean “los grupos de élite empezarán el entrenamiento”.
Los reclamos de la administración porteña se habían intensificado durante febrero a partir del asesinato a tiros de la policía Maribel Salazar en Retiro. Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia, y abrir el debate, fue el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien aseguró que el enfrentamiento “podría haber sido controlado” con el uso de estos dispositivos.
“El gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, sostuvo el funcionario que está haciendo uso de su licencia.
Qué son y cómo se usan las Taser
Las armas de electrochoques son utilizadas para que tanto una persona como un animal quede incapacitada temporalmente tras recibir una descarga eléctricas que descontrolan los músculos del cuerpo y pueden llegar a causar un fuerte dolor.
Los dardos que son disparados cuentan con dos cables que son los encargados de llevar la descarga eléctrica hacia el cuerpo del sujeto que es cercana a los 400 voltios durante aproximadamente cinco segundos.
Estas armas no letales se utilizan en procedimientos policiales en gran parte del mundo, pero en Argentina están prohibidas. En total, son más de 107 países que la implementan, entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, España, Italia, Brasil, Colombia y Francia.
Las pistolas en cuestión son controladas y reguladas por la Ley de Armas y Explosivos N 20.429 de 1975 y los Decretos N° 395/75 y 1039/89. Bajo estas normativas, la ANMaC (ex RENAR) se encarga del control registral de la adquisición, importación y exportación de materiales controlados, mientras tanto las fuerzas de seguridad y policías son las responsables de determinar y regular el uso de armamento en el marco de los reglamentos internos de las mismas.
El lote de 100 Taser comprado para la Policía Federal es del modelo T7 por un monto total de 293.490 dólares, que serán adquiridos por contratación directa, a través de la firma Axon Enterprise INC., según se puede leer en la resolución publicada en el Boletín Oficial el 4 de enero pasado.
La decisión del Gobierno nacional ya había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien días atrás había explicado que el proceso de adquisición de las pistolas (la Policía Federal también compró unas 100) empezó en octubre del año pasado, pero que todavía no las tienen porque la operación está en desarrollo, y que cuando las posean “los grupos de élite empezarán el entrenamiento”.
Los reclamos de la administración porteña se habían intensificado durante febrero a partir del asesinato a tiros de la policía Maribel Salazar en Retiro. Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia, y abrir el debate, fue el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien aseguró que el enfrentamiento “podría haber sido controlado” con el uso de estos dispositivos.
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