Una serie de incursiones armadas en Etiopía dejó un trágico saldo de 60 cristianos ortodoxos fallecidos en menos de una semana. Las autoridades regionales prometieron asistencia inmediata a los sobrevivientes y desplazados por la violencia.
Militantes armados asesinaron al menos a 60 cristianos ortodoxos durante dos ataques perpetrados el 20 y 24 de octubre en la región etíope de Oromia. El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía denunció la muerte de 14 personas en el distrito de Merti y otras 46 víctimas en Shirka. Además, la institución eclesiástica confirmó más de 20 heridos graves y la quema de 20 viviendas en la Zona Arsi.
Acusaciones gubernamentales y respuesta de los rebeldes
El portavoz del gobierno regional, Hailu Adugna, responsabilizó de las masacres al Ejército de Liberación Oromo (OLA) sin presentar pruebas públicas. El funcionario acusó a los insurgentes de buscar un conflicto étnico y religioso para distraer la atención sobre sus derrotas militares norteñas. Sin embargo, el líder de la guerrilla, Jaal Marroo, rechazó previamente cualquier agresión deliberada contra civiles en declaraciones periodísticas.
El grupo armado integra la Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes para la Supervivencia junto al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el Movimiento Nacional Amhara Fano. Este frente multisectorial pretende derrocar al gobierno del primer ministro Abiy Ahmed mediante acciones combinadas. Por su parte, la cúpula eclesiástica exigió al Estado la aplicación estricta de las protecciones constitucionales sobre libertad religiosa.
Violencia persistente y denuncias sobre derechos humanos
La región de Oromia padece intensos enfrentamientos entre tropas oficiales y facciones rebeldes desde el año 2018. Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atribuyen al grupo insurgente diversos delitos graves como secuestros, ejecuciones y abusos sexuales. Asimismo, defensores de derechos humanos documentaron bombardeos indiscriminados con drones y desapariciones forzadas a manos del ejército gubernamental.
La vocera de Amnistía Internacional, Sarah Kimani, advirtió sobre la gravedad de los bloqueos informativos y los cortes deliberados de internet en el territorio. La especialista explicó que las restricciones estatales impiden conocer la verdadera magnitud de las violaciones padecidas por los pobladores civiles. Por ello, la iglesia instó a las autoridades locales a brindar asistencia inmediata a los desplazados.