El Gobierno nacional reactivó un acuerdo para adquirir submarinos de fabricación francesa a una empresa con un largo historial de controversias por sobornos y corrupción en contratos de defensa en distintos países.
Según trascendió en ámbitos castrenses y del Ministerio de Defensa, la administración de Javier Milei volvió a poner en marcha negociaciones con Naval Group, el gigante francés de la industria naval militar. El objetivo es renovar la flota submarina argentina, prácticamente inactiva desde la tragedia del ARA San Juan en 2017.
Las conversaciones con la compañía no son nuevas. Ya se habían iniciado durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, en el marco de proyectos para modernizar las capacidades de defensa y vigilancia marítima del país. Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el expediente volvió a cobrar impulso.
Una empresa marcada por escándalos de corrupción
Naval Group operó durante años bajo el nombre DCN o DCNS y aparece reiteradamente en investigaciones internacionales sobre corrupción en la venta de armamento. Distintos informes periodísticos y judiciales la ubicaron entre las empresas más cuestionadas del sector por el pago de comisiones ilegales.
Desde mediados de los años ’90 se registran causas por presuntos sobornos ligados a contratos de submarinos en países como Pakistán, Malasia y Brasil, entre otros. En varios expedientes se investigó el rol de intermediarios, ex funcionarios locales y ejecutivos de la firma francesa en el armado de esquemas de retorno de dinero para asegurar licitaciones millonarias.
En Francia, parte de estas operaciones derivaron en procesos judiciales sensibles, ya que involucraron a exfuncionarios del propio Estado, accionista principal de la compañía. Aunque hubo sobreseimientos y causas prescriptas, la marca quedó asociada a un modelo de negocios opaco en el mercado internacional de defensa.
El interés argentino por recuperar capacidad submarina
Para la Argentina, la compra de nuevos submarinos se presenta como una prioridad estratégica. Actualmente, la Armada no dispone de unidades operativas, lo que limita las tareas de control de la pesca ilegal, resguardo de recursos naturales y entrenamiento de sus tripulaciones.
Especialistas en defensa señalan que una eventual adquisición implicaría una inversión de varios cientos de millones de dólares, sumando no solo el costo de las naves sino también infraestructura, mantenimiento, adiestramiento y soporte logístico. En el contexto de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno, el debate se centra en la oportunidad y la transparencia de la operación.
Organizaciones dedicadas al control del gasto público y a la transparencia ya advirtieron que cualquier contrato de este tipo debe contemplar procesos de licitación abiertos, acceso a la información y supervisión parlamentaria. También reclaman que se consideren alternativas de cooperación tecnológica y participación de astilleros nacionales.
Transparencia y control legislativo, en el centro del debate
En el Congreso, el tema promete generar discusión entre oficialismo y oposición. Algunos bloques insisten en que cualquier acuerdo con una empresa con históricos antecedentes de sobornos debe quedar sujeto a un estricto escrutinio y a la publicación de todos los anexos técnicos y financieros.
En paralelo, fuentes militares recuerdan que, más allá de la polémica, la Argentina lleva años sin un plan sostenido de reequipamiento y que la pérdida de capacidades submarinas genera una vulnerabilidad estructural en la defensa del Atlántico Sur. Entre ambos ejes –control del gasto y necesidad estratégica– se moverá la pulseada política en los próximos meses.
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