Los siete cadetes acusados de abusar y golpear a un compañero quedaron en libertad este viernes tras la decisión de la jueza. La magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva pero dispuso medidas de restricción hacia la víctima.
Una actualización judicial determinó que los siete estudiantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe acusados de agredir a un compañero continuarán el proceso fuera de prisión. Durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial, la jueza del caso rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía. Por lo tanto, los sospechosos obtuvieron la libertad bajo reglas de conducta mientras avanza la causa penal.
Medidas restrictivas y contradicciones en los testimonios
La fiscal Jorgelina Moser Ferro exigió la detención cautelar tras acreditar la existencia de lesiones leves y un caso de abuso sexual simple agravado. Sin embargo, la magistrada dispuso alternativas procesales que incluyen fijar residencia legal y la prohibición estricta de contactar al denunciante. Asimismo, la representante del Ministerio Público de la Acusación señaló que los acusados no registran antecedentes previos en la institución.
Durante las declaraciones en la sede judicial, los siete cadetes imputados, con edades de entre 18 y 29 años, negaron participación directa en la agresión. No obstante, las versiones expuestas mostraron marcadas incongruencias entre sí, puesto que algunos afirmaron oír el ataque mientras otros negaron haber presenciado irregularidades. Por su parte, la víctima de 19 años manifestó un profundo temor por las represalias de sus agresores.
Detalles de la investigación en la Escuela Penitenciaria
Los hechos investigados ocurrieron en la Escuela Penitenciaria N.º 7 “Marcos Sánchez”, ubicada dentro del complejo del barrio Las Flores. Según la reconstrucción del hecho, la víctima ingresó a una habitación para cambiarse de ropa antes de sufrir el sometimiento físico y el manoseo por parte del grupo. En ese momento, la oportuna intervención de tres compañeros evitó consecuencias de mayor gravedad en el edificio académico.
La investigación incorporará nuevos testimonios y pericias para determinar el nivel de responsabilidad individual de cada sospechoso en el expediente. De este modo, la fiscalía buscará precisar los cargos penales a medida que recolecte pruebas suficientes contra el grupo. De esta manera, el proceso judicial continuará su curso habitual sin privación de la libertad para los implicados.
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