La propuesta prohibirá de manera absoluta que la entidad monetaria financie al Tesoro o a las provincias mediante la emisión de billetes. El sector financiero opera con expectación frente al alcance de los anuncios de Milei en materia fiscal.
El presidente Javier Milei presentó en cadena nacional desde la Casa Rosada un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Durante la alocución de 14 minutos, el mandatario detalló cinco pilares clave diseñados para preservar el valor de la moneda nacional. Asimismo, la iniciativa prohíbe taxativamente la emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional, gobiernos provinciales y municipios.
La norma propuesta exige una mayoría agravada de dos tercios en el Congreso para remover a las autoridades de la entidad financiera. Además, el proyecto suprime las letras intransferibles e impide la distribución de utilidades surgidas de servicios de liquidez hacia el Estado. De este modo, la gestión oficial busca revertir las modificaciones estructurales introducidas en la norma del año 2012.
Paralelamente, el jefe de Estado anunció la implementación del denominado grillete fiscal, un mecanismo legal de disciplina presupuestaria. En caso de déficit continuado, el sistema activará sanciones automáticas y paralizará contrataciones junto a transferencias discrecionales. Inclusive, las autoridades nacionales y legisladores dejarán de percibir sus salarios mientras perdure la falta de equilibrio fiscal.
El paquete de reformas promueve la desregulación del mercado de capitales para incentivar la emisión de bonos corporativos y el financiamiento colectivo. Por su parte, las empresas aseguradoras ofrecerán nuevos servicios sin requerir la aprobación previa de los organismos reguladores estatales.
La propuesta oficial desató repercusiones en el ámbito económico tras cerrar definitivamente la asistencia financiera mediante la impresión de billetes. Las medidas fueron respaldadas por diversos analistas, quienes destacaron el valor de fijar pautas permanentes contra el gasto público.
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