La Cámara Penal dispuso la libertad de cinco policías de la Unidad Regional II acusados de integrar una presunta asociación ilícita vinculada al uso irregular de combustible para patrulleros, en una causa que se inició en noviembre de 2025.
Los cinco agentes pertenecen a la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe y estaban detenidos desde noviembre de 2025, cuando quedaron involucrados en una investigación por presunto fraude con combustible destinado a móviles policiales. La medida de la Cámara Penal no implica el cierre de la causa, sino que modifica la forma en que los acusados enfrentarán el proceso.
De acuerdo con la imputación original, los efectivos eran señalados como parte de una posible asociación ilícita que habría manipulado la carga y el uso del combustible para patrulleros, generando un perjuicio económico al Estado provincial. La detención preventiva se había dispuesto ante la gravedad de los hechos y el rol que cada uno ocupaba dentro de la estructura policial.
Con la resolución de la Cámara, los policías recuperan la libertad pero continúan sometidos a la causa. Ahora deberán cumplir con las condiciones que fije la Justicia, que pueden incluir presentaciones periódicas, prohibición de contacto con testigos y restricciones para desempeñar determinadas funciones mientras se sustancia el expediente.
Investigación por fraude con combustible para móviles
La investigación apunta a determinar si existió un esquema sistemático para desviar o declarar consumos de combustible que no se correspondían con el uso real de los patrulleros. En este tipo de causas suele analizarse la documentación interna, los registros de carga, los recorridos de los móviles y los controles realizados por mandos superiores.
Las sospechas se centran en si se habrían emitido órdenes de carga por montos superiores a los necesarios o si se habría desviado parte del combustible para otros fines, afectando la disponibilidad de móviles para tareas de prevención y patrullaje. El caso se inscribe en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de recursos públicos dentro de la fuerza policial.
Más allá de la excarcelación de los policías, la Justicia mantiene vigente la línea investigativa sobre cómo se administraba el combustible asignado a la Unidad Regional II y qué controles internos se aplicaban para evitar irregularidades. La continuidad de la causa será clave para establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas.
Impacto institucional y próximos pasos
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de Santa Fe y los mecanismos de control sobre bienes sensibles, como el combustible para móviles, que resultan centrales para el servicio de seguridad. Las definiciones judiciales que se tomen en adelante pueden derivar en sanciones internas, cambios en los protocolos de control y eventuales reformas administrativas.
En paralelo, se espera que la Cámara Penal fundamente en detalle los motivos por los cuales entendió que correspondía otorgar la libertad a los cinco agentes, tras varios meses de detención preventiva. Esos argumentos serán observados tanto por las partes de la causa como por las autoridades políticas responsables del área de Seguridad.
Hasta que no haya una sentencia firme, los policías mantienen el principio de presunción de inocencia, aunque siguen enfrentando cargos graves. La evolución del expediente y las eventuales audiencias futuras serán determinantes para conocer el desenlace judicial de esta acusación por fraude en el uso de combustible para patrulleros.
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