El empresario tabacalero Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, hace fuerza en el Congreso para cambiar el texto del proyecto de ley en cuanto a impuestos internos al tabaco enviado al Congreso.
La Tabacalera Sarandí, socia de la empresa multinacional británica Imperial Brands, que produce y comercializa en la Argentina segundas marcas de cigarrillos, mete presión en el Congreso para modificar el texto del proyecto de la denominada Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei envió al Congreso.
Según fuentes del sector tabacalero, el “lobby feroz” está apalancado por un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), encabezado principalmente por los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli.
La eliminación del Impuesto Mínimo preocupa al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que por amparos judiciales no paga ese impuesto, lo que le permite vender cigarrillos más baratos. No es menor el dato que Tabacalera Sarandí está demandada por la AFIP en una causa de evasión al fisco por US$ $2.000 millones del denominado Impuesto Mínimo.
El negocio de Otero no tiene fisuras, ya que Tabacalera Sarandí maneja un 50% de rentabilidad, a pesar de que la producción y venta de sus productos es un rubro de poco margen, donde el Estado históricamente ha intervenido con impuestos para desincentivar su compra.
Así, logra vender cigarrillos a precios hiper competitivos. Con costos bajísimos -Red Point $278, Master $278, Kiel $256- y comercialización a $600 y $800, alcanza ganancias monumentales de $300 y $500 por unidad debido a que no paga el Impuesto Mínimo.
El proyecto original de la Ley ómnibus -que el lobby pretende cambiar- establece una suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el Impuesto Mínimo para los cigarrillos. Con ese texto, la Tabacalera Sarandí quedará igualada con el resto del mercado y tendrá que pagar los mismos impuestos que el resto.
El proyecto de ley del gobierno nacional recibió el apoyo de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (CANET) porque “equipara la carga impositiva para las empresas de capital nacional con las dos firmas oligopólicas, y con la cual se evita la recurrente intervención judicial y los conflictos como los que provocaron el cierre a una compañía santafesina (For Men) y que mantiene en vilo a una rosarina (Bronway Technology)”.
Otero se presenta como un empresario pyme nacional, aunque, en rigor, desde 2018 es socio del gigante del tabaco internacional Imperial Brands, antes Imperial Tobacco Group. También comercializa la marca uruguaya Nevada, de Montepaz SA.
Como dato de color de tinte oscuro, a fines del año pasado, la Justicia federal realizó un allanamiento en la fábrica de Tabacalera Sarandi, en el marco de una investigación por utilización de estampillas falsas. Pero este no fue el único, ya que en 2019 fue allanada la empresa por la misma razón por un juez de Mar del Plata, donde fuentes judiciales informan que se llevó a cabo una pericia de lo secuestrado en la empresa en La casa de la Moneda, resultando falsas las estampillas que estaban adosadas a los atados de la marca Red Poin, principal producto vendido por la empresa Sarandi. Con esta pericia, se demostraría entonces cómo es que el magnate tabacalero, vendiendo cigarrillos a tan bajo costo, lleva el nivel de vida tan ostentoso que se puede ver en redes sociales.
Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras informan que están a la espera de ser recibidos por Jose Luis Espert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para poder no solo informar el estado actual de las pymes tabacaleras, sino también para brindar las pruebas que sustentan el lobby de Otero con JxC.
Fuente: LetraP
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