La nueva Ley de Inocencia Fiscal abre la puerta al blanqueo de dólares no declarados a nivel nacional, pero deja un interrogante clave: qué pasa con los impuestos y los reclamos que puedan impulsar las provincias y municipios una vez que esos fondos ingresen al circuito blanco.
La norma sancionada a nivel nacional busca incentivar que los tenedores de dólares no declarados los blanqueen y regresen al sistema financiero formal. Sin embargo, para las provincias y municipios el escenario no cambia automáticamente: siguen habilitados a reclamar tributos o justificar incrementos patrimoniales, salvo que dicten sus propias leyes de inocencia fiscal.
Qué cubre la Ley de Inocencia Fiscal a nivel nacional
La Ley de Inocencia Fiscal establece que quienes adhieran al blanqueo no podrán ser perseguidos por el fisco nacional por bienes o fondos que incorporen al régimen. Esto incluye, entre otros, Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y eventuales sanciones de la AFIP vinculadas a esos activos no declarados.
En la práctica, la norma busca generar previsibilidad a los contribuyentes: si regularizan su situación ante la Nación, no serán luego objeto de inspecciones o ajustes retroactivos por esos montos. El Gobierno apuesta a que, con este paraguas legal, aumente la adhesión y se repatrien divisas que hoy están en el exterior o en el mercado informal.
Por qué las provincias pueden seguir reclamando
La clave está en que la Ley de Inocencia Fiscal tiene alcance exclusivamente sobre tributos y sanciones nacionales. Las provincias conservan su autonomía tributaria: pueden seguir fiscalizando Ingresos Brutos, sellos, inmobiliario y otros gravámenes locales, así como exigir que los contribuyentes justifiquen incrementos patrimoniales.
Para que esa protección se extienda al ámbito subnacional, cada jurisdicción debería aprobar su propia norma de inocencia fiscal. Sin esa adecuación, un contribuyente podría quedar cubierto frente a la AFIP, pero no frente a las administraciones tributarias provinciales o a los municipios donde tenga actividades económicas o propiedades.
Riesgos para quienes blanqueen sin cobertura provincial
Los especialistas en tributación advierten que, si las provincias no avanzan con leyes espejo, podrían iniciar reclamos por incrementos patrimoniales no justificados una vez que los fondos blanqueados aparezcan en cuentas bancarias o se vuelquen a inmuebles y vehículos.
Eso abriría la puerta a determinaciones de oficio, multas y juicios de apremio a nivel local. En ese escenario, el atractivo del blanqueo nacional se reduce, porque el contribuyente sigue expuesto a inspecciones y ajustes por parte de fiscos provinciales, que hoy buscan reforzar la recaudación para compensar la caída de recursos coparticipables.
Qué pueden hacer las jurisdicciones y los contribuyentes
En el plano político, el debate ya se trasladó a los gobernadores y legislaturas provinciales, que deberán decidir si adhieren al esquema nacional o diseñan regímenes propios. Algunas jurisdicciones analizan incluir condonaciones parciales de deuda, planes de pago y beneficios para quienes regularicen de manera integral su situación fiscal.
Para los contribuyentes, el consejo de los asesores impositivos es hacer una evaluación integral antes de ingresar al blanqueo: revisar su exposición frente a cada provincia donde operan, estimar el impacto de eventuales reclamos y seguir de cerca las decisiones legislativas locales. La coordinación Nación-provincias será clave para que la Ley de Inocencia Fiscal logre su objetivo central: traer dólares al sistema sin multiplicar la conflictividad tributaria.
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