La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a encender las alarmas por su situación económica y reclamó al Gobierno nacional la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, al tiempo que ratificó la emergencia presupuestaria que atraviesa la institución.
En su última sesión, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una resolución en la que exige al Poder Ejecutivo nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y actualice los fondos destinados a los gastos de funcionamiento. La medida se da en un contexto de fuerte tensión presupuestaria en el sistema universitario público.
Las autoridades de la UBA advirtieron que la falta de actualización de las partidas, frente a una inflación acumulada que erosiona mes a mes el presupuesto, compromete servicios básicos como el pago de tarifas, el mantenimiento de edificios, el equipamiento de laboratorios y el funcionamiento cotidiano de facultades, colegios y hospitales universitarios.
En la resolución se ratifica la declaración de emergencia presupuestaria, aprobada previamente, y se señala que la situación impacta de lleno en las condiciones en las que se desarrollan las tareas de docencia, investigación y extensión, pilares de la universidad pública argentina.
Preocupación por los salarios universitarios
El documento del Consejo Superior también pone el foco en la situación salarial de los docentes y nodocentes. Según se remarca, la pérdida del poder adquisitivo de los haberes frente al aumento del costo de vida pone en riesgo la calidad académica y el normal desarrollo de las actividades.
Las autoridades universitarias subrayan que la UBA sostiene una comunidad de cientos de miles de estudiantes y trabajadores, distribuidos en múltiples sedes y hospitales universitarios, por lo que la demora en las actualizaciones salariales genera malestar y dificultades para sostener equipos de alta formación profesional.
La universidad recuerda que, en los últimos años, el sistema universitario público ya venía arrastrando un atraso presupuestario, y que el escenario económico reciente agravó la situación. En ese marco, reclama que las paritarias de docentes y nodocentes contemplen recomposiciones que acompañen la inflación.
Una ley clave para el sistema universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, que fija criterios para la asignación de recursos a las universidades nacionales, busca garantizar previsibilidad y estabilidad en el tiempo. Para la UBA, el cumplimiento efectivo de esa norma es central para planificar inversiones, sostener programas académicos y asegurar el acceso de miles de estudiantes de todo el país.
Desde la institución remarcan que la universidad pública argentina es un motor de movilidad social ascendente y de producción científica, y que su desfinanciamiento impacta no sólo en el presente sino también en el desarrollo futuro del país.
La UBA reiteró su disposición al diálogo institucional, pero insistió en que resulta urgente una respuesta concreta del Gobierno nacional para evitar que la emergencia presupuestaria derive en recortes de servicios, deterioro edilicio o interrupción de proyectos estratégicos.
Qué puede pasar si no hay respuesta oficial
En los debates dentro del Consejo Superior se mencionó la posibilidad de que, si no se corrige el rumbo del financiamiento, se profundicen las medidas de visibilización y reclamo, como jornadas de protesta, clases públicas y sesiones extraordinarias.
La comunidad universitaria sigue atenta a los próximos pasos del Gobierno y de la UBA. Mientras tanto, la declaración de emergencia y el pedido de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario se convierten en un nuevo capítulo de la discusión por el futuro de la educación superior pública en la Argentina.
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