Los gobernadores advierten que el avance de la reforma laboral en el Senado podría provocar una caída crítica en la coparticipación federal de impuestos.
La discusión por la reforma laboral genera una creciente preocupación en las administraciones provinciales debido al impacto financiero proyectado. Actualmente, los gobernadores temen una caída drástica en la coparticipación si el Congreso aprueba el dictamen de La Libertad Avanza. Este escenario surge tras la reciente sanción del Presupuesto 2026 y condiciona el inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
Varios legisladores advierten que la eliminación de ciertos tributos restaría fondos equivalentes a dos meses de salarios públicos. Por consiguiente, los aliados del oficialismo exigen cautela para no asumir un costo político excesivo frente a sus distritos. Mientras tanto, el sector libertario intenta minimizar la gravedad de la situación apelando a un pragmatismo legislativo recurrente.
La senadora Patricia Bullrich encabeza las negociaciones actuales con gremios y empresarios para destrabar el texto normativo en febrero. Sin embargo, los bloques dialoguistas critican la urgencia del Poder Ejecutivo y solicitan modificaciones sustanciales al articulado particular. Por tal motivo, el gobierno podría utilizar estos recursos como moneda de cambio para asegurar el apoyo de las provincias.
Además de la legislación laboral, el Congreso tiene pendiente el tratamiento de la estabilidad monetaria y de la ley de glaciares. No obstante, el nuevo Código Penal genera roces internos porque todavía no ingresó formalmente a la mesa de entradas. De esta manera, el escenario parlamentario de verano anticipa una votación delicada con una fuerte oposición del bloque kirchnerista.
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