La vocera oficial Virginia Coudannes repudió el intento de usurpación registrado en el complejo habitacional y confirmó la apertura de una investigación judicial. La funcionaria advirtió que el Estado no tolerará la toma ilegal de inmuebles ni el uso de menores en actos violentos.
La Policía de Santa Fe desbarató el viernes por la noche un intento de ocupación de viviendas en la Villa Suramericana del barrio Esmeralda Este 2 en la capital provincial. Ocho personas resultaron demoradas durante el operativo luego de que las autoridades detectaran la organización del hecho. Ante este escenario, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, manifestó que la gestión no tolerará tomas ilegales del patrimonio santafesino.
Asimismo, la funcionaria detalló que el complejo abarca más de 300 viviendas finalizadas por la actual administración tras el freno de obras previo. Las propiedades se entregarán mediante un procedimiento público y transparente sin otorgar adjudicaciones inmediatas ni irregulares. Igualmente, las autoridades mantendrán la vigilancia policial en el sector para prevenir nuevos desmanes.
Acciones judiciales y protección de menores
La representante oficial cuestionó el uso de menores de edad como escudos defensivos para evitar los desalojos de las fuerzas de seguridad. Audios filtrados revelaron llamados a concurrir con niños, frazadas y palos para instalarse durante la noche. De esta manera, Virginia Coudannes vinculó el suceso con el incumplimiento de las políticas provinciales de protección de la infancia.
Por otra parte, la Fiscalía N° 1 abrió una causa penal para identificar a los instigadores del intento de ocupación. La investigación analiza la presunta participación de una agrupación política detrás de la convocatoria masiva. Por consiguiente, los peritos examinan los daños materiales registrados durante el procedimiento policial en el barrio.
Los disturbios dejaron como saldo una policía herida junto a un patrullero destruido por los manifestantes. Además, la vocera remarcó que las fuerzas oficiales mantendrán el monitoreo constante en las inmediaciones del predio. Por lo tanto, el Gobierno provincial continuará aplicando los mecanismos legales correspondientes para proteger las construcciones estatales.