La ONU cuestionó la situación de derechos humanos en Argentina

El Gobierno respondió a la ONU tras poner en duda la preservación de los derechos humanos en el país: “Nos arreglamos solos”

El embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Carlos Foradori, respondió a las críticas de la ONU durante la 56ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo. La respuesta del gobierno de Javier Milei se dirigió a las observaciones del Alto Comisionado sobre las políticas de género y derechos humanos en Argentina.

Foradori subrayó que, pese a la preocupación del Alto Comisionado, “esto constituye una política de Estado en mi país y todos los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen orden constitucional”. Además, destacó la falta de mención en el informe previo del Comisionado sobre el 40% de pobreza heredado del gobierno anterior, lo que calificó de paradójico.

El representante argentino también criticó el enfoque del Alto Comisionado, señalando la comparación entre las críticas dirigidas a Argentina y las dedicadas a otros países europeos. “Me fascina el brillante desequilibrio demostrado a la hora de juzgar, dedicó a la Argentina el mismo tiempo que Haití, Yemen y a la Ucrania ocupada por Rusia, entre otros”, comentó Foradori, añadiendo que no se mencionaron situaciones en Venezuela y Nicaragua.

“Nos arreglamos solos y cuando necesitemos ayuda seremos los primeros en requerir su auxilio. Por ahora nos acostumbramos a vivir con independencia, en paz y libertad”, concluyó Foradori.

La ONU y las políticas de Milei

La réplica surge tras las críticas de la ONU a varias medidas adoptadas en los primeros seis meses de su gestión. Según Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, las políticas del actual gobierno argentino “corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos”, incluyendo recortes en el gasto público que afectan a los más vulnerables, el cierre de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y la suspensión de la participación en eventos internacionales relacionados con la Agenda 2030.

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