La denominada “ley antitrapitos” avanzó en el Senado provincial con media sanción y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre el control del estacionamiento callejero y la presencia de cuidacoches informales en la vía pública.
Tras la aprobación en la Cámara alta, el senador Ciro Seisas reclamó que el proyecto no quede frenado y que la Cámara de Diputados defina su futuro en un plazo breve, en medio de un intenso debate político y social sobre el alcance de la iniciativa.
¿Qué propone la ley y por qué genera polémica?
La llamada ley antitrapitos apunta a endurecer los controles sobre quienes cobran por vigilar autos en la calle sin habilitación oficial. La discusión gira en torno a si se trata de una herramienta para ordenar el espacio público o si puede convertirse en un mecanismo de criminalización de la pobreza.
En el Senado, los defensores del proyecto remarcaron la necesidad de ofrecer mayor seguridad a conductores y peatones, especialmente en zonas de alto tránsito y cercanas a eventos masivos. Sus críticos advirtieron que cualquier regulación debe ir acompañada de políticas sociales que contemplen la situación de quienes hoy encuentran en esa actividad su principal fuente de ingreso.
En ese marco, Seisas insistió en que la norma podría darle más herramientas a las fuerzas de control para intervenir cuando existan aprietes, cobros compulsivos o amenazas a la hora de estacionar en la vía pública. Sin embargo, distintos sectores plantean dudas sobre su aplicación concreta y el impacto que podría tener en las grandes ciudades.
Diputados propone una mesa de diálogo
Tras la media sanción, en la Cámara baja se abrió un escenario distinto. Legisladores de varios bloques proponen habilitar una mesa de diálogo para seguir analizando el texto y escuchar a municipios, organizaciones sociales y especialistas en seguridad urbana antes de votar.
La intención es revisar con detenimiento los artículos que definen sanciones y responsabilidades, para evitar que la norma se transforme únicamente en una respuesta punitiva a un problema que, según advierten, tiene un trasfondo social mucho más amplio.
Dirigentes consultados marcaron que cualquier avance legislativo debería contemplar alternativas laborales formales para quienes hoy trabajan como cuidacoches, además de coordinar con los municipios los esquemas de estacionamiento medido, playas de estacionamiento y operativos de control.
Un debate abierto en las grandes ciudades
La discusión por la ley antitrapitos refleja un dilema que se repite en las principales urbes del país, donde la aparición de cuidacoches informales se vincula tanto con la falta de empleo estable como con la necesidad de ordenar el tránsito y garantizar seguridad en la calle.
Mientras el proyecto aguarda tratamiento en Diputados, el escenario es incierto. El pedido de Seisas para que la norma no se dilate contrasta con la decisión de otros legisladores de abrir el juego a más voces, en un intento de alcanzar un texto que combine control, prevención y acompañamiento social.
Hasta que no haya una definición en la Cámara baja, la ley seguirá en debate y las grandes ciudades continuarán recurriendo a sus propias ordenanzas locales para abordar el fenómeno de los cuidacoches y el uso del espacio público.
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