El empresario metalúrgico Juan Carlos Lascurain recibió un ultimátum judicial: en un plazo de cinco días hábiles deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 para comenzar a cumplir su condena por corrupción vinculada a una obra pública en Santa Cruz.
La intimación la dictó el Tribunal Oral Federal 7, el mismo que lo juzgó por el desvío de fondos públicos destinados a una obra en la provincia de Santa Cruz. El empresario, que encabezó la Unión Industrial Argentina, fue hallado responsable de maniobras irregulares en el manejo del dinero asignado a ese proyecto.
La situación de Lascurain quedó sellada luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara las últimas apelaciones de su defensa y dejara firme la condena. Con esa decisión, se agotó la vía recursiva y se abrió el camino para la ejecución efectiva de la pena.
Ahora, los jueces le dieron un corto plazo para que se ponga a derecho. Si no se presenta en el término fijado, el tribunal puede ordenar su captura y disponer medidas para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Qué resolvió la Justicia
La condena contra Lascurain se inscribe en una serie de causas por corrupción en la obra pública, donde se investiga el uso indebido de fondos estatales. En este expediente, los jueces concluyeron que hubo desvío de recursos que estaban destinados a una obra específica en Santa Cruz.
Con la sentencia firme y el plazo para presentarse en marcha, el caso vuelve a poner bajo la lupa la responsabilidad de los empresarios en el manejo de contratos estatales y el rol de la Justicia en el control del uso de los fondos públicos.
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