La justicia federal imputó este martes al diputado nacional José Luis Espert por el delito de lavado de dinero, en una causa vinculada a una denuncia formulada por el dirigente social Juan Grabois. La decisión judicial llega en medio del escándalo político que forzó la renuncia de Espert como candidato de La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, promovió la investigación penal contra Espert bajo el argumento de que recibió 200.000 dólares provenientes de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien es requerido por la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Grabois denunció que una estructura que operaba en el exterior canalizó esos fondos y encubrió una maniobra de lavado de activos. La imputación judicial apunta a determinar no solo la procedencia de esos recursos sino también su destino y su vínculo con la campaña política de Espert.
Antecedentes y vínculos con Machado
Fred Machado se encuentra en arresto domiciliario en Argentina desde abril de 2021, pero es objeto de un pedido de extradición por parte de Estados Unidos. En Texas, se investiga su participación en una red de narcotráfico, lavado y fraude, en la que figura como uno de los principales imputados.
En la causa estadounidense “USA v. Mercer-Erwin et al.”, se mencionan transferencias de fondos que involucran sociedades del empresario y una socia, Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 por delitos relacionados. En esta causa figura documentación contable del Bank of America que registra un pago de 200.000 dólares hacia Espert fechado el 22 de enero de 2020, lo que aporta pruebas materiales a la imputación.
Además, otra causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py investiga los numerosos vuelos que la campaña de Espert habría realizado en aeronaves vinculadas a Machado durante 2019. Si esas causas se unifican, el expediente podría concentrarse en la fuero federal de Retiro.
Las versiones de Espert
Inicialmente, Espert negó públicamente haber recibido cualquier pago de Machado, descalificando la denuncia como un “Excel trucho” de Grabois. Pero tras conocerse los registros del Bank of America y otros documentos de Estados Unidos, cambió su postura, admitiendo que efectivamente cobró el monto, aunque aseguró que se trató de un contrato de asesoría privada para una empresa minera en Guatemala, y no un financiamiento electoral.
En su defensa, afirma que no tenía conocimiento de las actividades ilícitas atribuidas a Machado y que operó dentro del marco legal, con facturación y bancarización. Sin embargo, la falta de respaldo documental consistente y las contradicciones en su relato han despertado escepticismo entre los investigadores.
Repercusiones políticas e institucionales
El caso adquiere especial repercusión dado el contexto electoral: la imputación se produce semanas antes de los comicios legislativos del 26 de octubre, y tras la renuncia de Espert como candidato de La Libertad Avanza. El escándalo también salpica al oficialismo, pues Machado comparte abogado con el presidente Javier Milei y existe una estrecha interrelación entre las estructuras políticas del espacio.
Fuentes jurídicas indican que la causa deberá evaluar si el expediente de San Isidro debe acumularse con los casos de Comodoro Py, lo que concentraría la investigación en la sede federal de Retiro. Por otro lado, la decisión del máximo tribunal nacional respecto al pedido de extradición de Machado podría inclinar la balanza de las diligencias.
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