La Justicia formalizó el traspaso de Vicentin al Grupo Grassi, designó nuevas autoridades y fijó plazos de pago para los acreedores.
El Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista formalizó recientemente el traspaso de las acciones de Vicentin SAIC a la firma Grassi SA. Esta disposición judicial activa el nacimiento de la denominada Nueva Vicentin Argentina bajo la conducción de capitales íntegramente nacionales. En consecuencia, la compañía renovó su directorio con Mariano Grassi como presidente y Leandro Salvatierra en el cargo de vicepresidente.
La nueva gestión busca potenciar la cadena agroexportadora mediante una visión asociativa y un fuerte compromiso con la transparencia operativa. Por otro lado, la resolución del juez Fabián Lorenzini define pautas claras para el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores. Aquellos beneficiarios que aún no eligieron una alternativa de pago disponen de plazo hasta el 16 de marzo de 2026.
Para facilitar este trámite, la empresa adquirente debe habilitar canales de comunicación directos y publicar los listados correspondientes en portales digitales. Asimismo, Grassi SA presentará informes de avance periódicos ante el juzgado durante los meses de febrero y marzo. En paralelo, la justicia impone mecanismos de control estrictos para garantizar la efectividad de los desembolsos financieros.
Si la adhesión al plan resulta inferior al ochenta por ciento del padrón, la firma deberá contactar individualmente a los acreedores faltantes. Además, la Sindicatura y el Comité Definitivo de Acreedores supervisarán cada etapa del proceso de pago. Estos órganos cuentan con facultades para sugerir medidas complementarias que agilicen la ejecución de la sentencia homologatoria.
De este modo, la agroindustria santafesina inicia una etapa de recuperación estructural con un enfoque centrado en la inversión y el trabajo productivo. Los nuevos directivos aspiran a consolidar a la firma como una protagonista central del sector agroalimentario del país. Finalmente, el proceso judicial asegura un seguimiento constante sobre la distribución de los fondos para evitar dilaciones innecesarias.
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