A 14 años de la muerte del artista, la Corte de Apelaciones de California falló a favor de dos hombres que sostienen haber sido abusados sexualmente por el cantante cuando eran niños.
Wade Robson y James Safechuck se hicieron conocidos en el año 2019 con el estreno del documental de la señal HBO “Leaving Neverland”, en el que daban detalles de sus acusaciones por abuso contra Michael Jackson.
De acuerdo con lo informado por el sitio especializado Variety, ambos llevan diez años de batallas legales contra el sistema judicial para que se reconozcan sus derechos a tener un juicio, independientemente de que el acusado esté muerto.
En los últimos días, la Corte de Apelaciones de California aseguró en un fallo unánime que su demanda no debió ser rechazada en instancias previas y que ambos denunciantes podrán unir sus casos en un pleito contra “MJJ Productions” y “MJJ Ventures”, las dos empresas que pertenecían al artista fallecido en 2009 y a las que señalan ahora como responsables por los presuntos abusos.
“Los demandantes tenían todo el derecho a esperar que los acusados los protegieran del peligro totalmente previsible de ser dejados a solas con Jackson”, aseguraron los jueces en su decisión.
“Una corporación que facilita el abuso sexual de niños por parte de uno de los empleadores no puede ser excusado de un deber afirmativo para proteger a esos menores por el puro hecho de que esta es propiedad del perpetrador de los abusos”, añadieron los tres letrados.
Robson y Safechuck presentaron sus denuncias en 2013 y 2014, pero fueron rechazadas porque la ley vigente en ese momento en el estado de California establecía que las acusaciones por agresión sexual a menores debían formalizarse antes de que el demandante cumpliera 26 años, edad que ambos habían excedido.
Cuando en 2020 la ley fue modificada, los denunciantes vieron una nueva oportunidad de llevar adelante sus peticiones, pero obtuvieron rechazos de jurados de primera instancia en 2021. La justificación en ese momento fue que ante la muerte de Jackson las supuestas víctimas no podían responsabilizar por lo sucedido a sus compañías.
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