La Iglesia Católica pide que la reforma constitucional de Santa Fe respete la pluralidad religiosa, en busca del bien común.
La Iglesia Católica de Santa Fe expresó su postura frente a la reforma constitucional de la provincia, subrayando la importancia de reconocer a la Iglesia en un marco de pluralidad, sin privilegios particulares.
El comunicado fue firmado por los obispos Sergio Fenoy y Matías Vecino, junto con representantes del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social y la Junta Arquidiocesana de Educación. Los obispos señalaron la necesidad de reflexionar más a fondo sobre este tema. Para ello, consideraron las opiniones de otros líderes eclesiásticos de la provincia y de fieles comprometidos en diversos ámbitos sociales.
Recordaron que la Constitución actual establece que la religión oficial de la provincia es la Católica, con el compromiso del Estado de protegerla. Y, a pesar de eso, también se garantiza la libertad religiosa para todos los habitantes.
Sin embargo, destacaron que dicha cláusula es incompatible con los principios actuales. Según los obispos, desde mediados del siglo pasado, la Iglesia ha defendido la autonomía entre el ámbito religioso y el civil. Además, ha promovido una relación de cooperación basada en el bien común.
En este sentido, declararon que la provincia no puede considerarse “católica” de forma oficial. Para los obispos, tal confusión entre los órdenes civil y religioso es anacrónica y errónea.
Proponen que la nueva redacción del artículo 3 de la Constitución, o su reemplazo, debería reflejar el respeto a la diversidad. El comunicado considera que la sociedad se caracteriza por su pluralidad en expresiones religiosas.
Además, aclararon que el sostenimiento del culto, entendido como el pago a ministros o la construcción de templos, no recae en el Estado Provincial. Excepto por casos puntuales, como algunas capellanías o el mantenimiento de templos históricos, no existen aportes directos del gobierno a la Iglesia Católica.
Así, este posicionamiento busca consolidar una relación equilibrada entre la Iglesia y el Estado, respetando las diversas creencias y promoviendo el bien común sin otorgar privilegios a ninguna institución religiosa.
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