La zona de La Frontera, en Pinamar, quedó en el centro de la escena judicial con una propuesta que busca regular de forma estricta el acceso y las actividades en ese sector costero, bajo vigilancia estatal permanente.
En el marco de un amparo judicial, se presentó una propuesta para modificar el esquema de funcionamiento de La Frontera, uno de los sectores más exclusivos y conflictivos de las playas de Pinamar. Ante esto, la Municipalidad tiene un plazo de diez días para analizarla y responder ante la Justicia.
La medida busca que se levanten las prohibiciones actualmente vigentes en la zona, pero a cambio de imponer un esquema de registro obligatorio, cupos de acceso y control estatal permanente sobre los vehículos y las actividades que se desarrollan allí.
La Frontera es un extenso sector de médanos y playa al norte del casco urbano de Pinamar, históricamente utilizado por turistas y propietarios para circular con camionetas 4×4, cuatriciclos y UTV. En los últimos años se convirtió en foco de denuncias por daño ambiental, inseguridad vial y falta de controles.
Qué contempla la propuesta elevada a la Justicia
De acuerdo a fuentes judiciales, el esquema que se puso sobre la mesa incluye:
- Registro obligatorio de todos los vehículos que pretendan ingresar a La Frontera
- Cupos diarios de acceso, para limitar la cantidad de rodados sobre la arena
- Presencia permanente del Estado municipal con personal de control y seguridad
- Delimitación clara de zonas de circulación y sectores vedados
- Sanciones para quienes incumplan las normas o ingresen sin autorización
La idea es compatibilizar el uso recreativo del sector con la preservación del ambiente costero y la seguridad de quienes utilizan la playa. Organizaciones ambientalistas vienen advirtiendo desde hace años sobre la erosión de médanos y el impacto de la circulación de vehículos sobre la fauna y la flora.
Plazos, tensiones y próximos pasos
El municipio de Pinamar deberá expedirse en un plazo de diez días hábiles. Si acepta la propuesta o presenta una alternativa viable, el juzgado podría revisar la medida cautelar que hoy restringe el uso de La Frontera.
En la discusión confluyen intereses cruzados: por un lado, prestadores turísticos y propietarios que reclaman recuperar un espacio clave para la temporada; por otro, sectores que piden reglas más estrictas para evitar accidentes y reducir el impacto sobre la costa atlántica bonaerense.
A nivel provincial, el debate se da en sintonía con otras localidades costeras que avanzan con ordenanzas para regular el tránsito de cuatriciclos y 4×4, tras varios siniestros con víctimas fatales ocurridos en los últimos veranos.
Mientras tanto, la atención está puesta en la respuesta de la intendencia y en cómo definirá el equilibrio entre desarrollo turístico, seguridad y protección del ambiente en uno de los puntos más emblemáticos de la costa argentina.
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