El proyecto del Gobierno de Maximiliano Pullaro comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados. Los principales cuestionamientos apuntan a los allanamientos sin orden judicial y a la delegación de atribuciones en policías y fiscales. La Legislatura buscará consensos antes de avanzar con la iniciativa.
La reforma del sistema de seguridad pública impulsada por el Gobierno de Santa Fe abrió un fuerte debate institucional en la Legislatura provincial. Durante un plenario de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público de la Defensa y de la Corte Suprema de Justicia analizaron los alcances del paquete de modificaciones.
La iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro propone cambios en leyes vinculadas con la prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado. Entre los puntos más controvertidos figuran la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial, tomar declaraciones sin la presencia inmediata de abogados defensores, modificar la normativa de inteligencia y reformular el sistema de recompensas para que pueda activarse sin un pedido previo de los fiscales.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales Lionela Cattalini destacó el carácter institucional del encuentro y la disposición de las partes para discutir el proyecto. Sin embargo, reconoció que surgieron observaciones sobre la necesidad de adecuar determinados artículos a la legislación vigente en Santa Fe y a los estándares internacionales.
Reforma de seguridad en Santa Fe: la Corte Suprema cuestionó los cambios en las facultades policiales
Las principales objeciones estuvieron relacionadas con las facultades que el proyecto pretende otorgar a las fuerzas policiales y al MPA.
Al respecto, el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta advirtió que las atribuciones vinculadas con restricciones a derechos fundamentales deben contar con control judicial. Según su análisis, algunos puntos de la reforma podrían entrar en conflicto con garantías constitucionales y estándares internacionales al ampliar las facultades de policías y fiscales.
El magistrado defendió el funcionamiento del sistema procesal acusatorio y la división de responsabilidades entre los organismos encargados de investigar los delitos y los jueces que deben controlar las medidas que afectan derechos fundamentales. Las observaciones judiciales colocaron en el centro de la discusión el alcance de las atribuciones policiales, las condiciones para realizar procedimientos y las garantías de las personas involucradas en investigaciones penales.
Asimismo, Erbetta puso en duda la necesidad de avanzar con modificaciones de semejante alcance en el actual contexto provincial. Consideró que los indicadores de seguridad muestran una mejora y destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado.
Señaló también que desde la implementación del sistema acusatorio se triplicó la tasa de encarcelamiento. Su postura recibió el respaldo del ministro de la Corte Roberto Falistocco, quien planteó la importancia de fundamentar las decisiones legislativas en estadísticas concretas.
Pese a las diferencias sobre los cambios en las facultades policiales, durante el encuentro también surgieron coincidencias entre las instituciones participantes. Entre los puntos que reunieron mayor consenso se encuentran las medidas destinadas a intervenir en los mercados ilegales de celulares robados y las modificaciones de la ley de defensa, vinculadas con la creación de un cuerpo especial para asistir a policías involucrados en hechos violentos.
Cómo seguirá el debate en la Legislatura
La discusión continuará en las próximas semanas con nuevas reuniones de las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales. Está previsto convocar a colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas y especialistas en derecho penal para ampliar el análisis de la iniciativa.
Una vez finalizada esa etapa, los bloques que integran Unidos buscarán alcanzar un acuerdo interno durante noviembre para avanzar con el tratamiento en el recinto.
Las observaciones de los organismos judiciales anticipan que el proyecto podría sufrir modificaciones antes de su eventual aprobación, especialmente en los artículos que generan dudas sobre su compatibilidad con la Constitución y las garantías procesales.