La nueva Constitución de Santa Fe impulsará la obligatoriedad de las pruebas de aprendizaje y enseñanza por parte del Estado.
La reforma de la Constitución de Santa Fe introdujo, en uno de los últimos dictámenes aprobados, la obligatoriedad de las pruebas de aprendizaje. Se trata de las evaluaciones de los procesos de diferentes niveles de formación de institución públicas y privadas. El ministro de Educación de la provincia José Goity celebró la decisión: “Hemos dado un paso fundamental y sustancial”, aseguró.
La Convención Reformadora aprobó el dictamen de mayoría de la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. Así, el artículo 109 definirá que “los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios” en Santa Fe. “El Estado es responsable del sistema educativo, pero también es el responsable de los resultados”, consideró el funcionario.
“Reivindicamos la mejor tradición del sistema educativo público, argentino y santafesino, remarcando el rol indelegable del Estado de sostener, conducir y ordenar el sistema educativo”, agregó. Para él, la nueva Constitución de la provincia es “absolutamente innovadora”. Y sobre las pruebas, consideró: “El Estado provincial está obligado, cualquiera sea el Gobierno o el sesgo ideológico, a dar cuenta en torno a los resultados de aprendizaje mediante mecanismos de evaluación”.
Asimismo, Goity destacó que más allá del rango constitucional de la evaluación de los procesos de aprendizaje y enseñanza, la nueva Carta Magna “también es inclusiva porque contempla la potestad de la familia de elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos”. Y sobre eso, añadió que “afortunadamente tenemos una provincia con mucha oferta en ese sentido”.
La nueva Constitución de Santa Fe impulsará las pruebas de aprendizaje: así quedaron los artículos de educación
Las modificaciones incluyen la derogación del artículo 112, referido al rol del Estado como promotor de entidades privadas de cooperación con los institutos educativos oficiales. Sobre la formación, se declara en forma expresa el derecho a la igualdad en el acceso, los aprendizajes y el egreso del sistema. La provincia asume el debe garantizar y gestionar una red articulada en todos sus niveles y modalidades.
Por otro lado, el artículo 109 establece que el Estado tiene una responsabilidad intransferible e indelegable como garante de la educación gratuito, laica, universidad, plural, inclusiva, científica, de calidad y democrática. Además, debe encargarse de promover la formación superior en función del proyecto de vida de cada persona. Esta perspectiva se definió de manera articulada con las necesidades sociales, productivas, científicos y culturales.
Finalmente, la Convención votó a favor de una redefinición del trabajo docente y el sostenimiento del sistema escolar. Se incorpora en forma expresa la convocatoria a concursos públicos, abiertos y transparentes, como parte de las herramientas para garantizar la estabilidad y la formación profesional permanente.
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