Gerardo Martínez, de la UOCRA, aseguró que “la marcha universitaria no se negocia” y la CGT estará presente, mientras que el Gobierno afirma que el reclamo tiene motivaciones políticas.
Tras una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó que se sumará a la Marcha Federal Universitaria del próximo 2 de octubre. La movilización tiene como principal objetivo protestar contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que generó un fuerte rechazo en el sector sindical y educativo.
Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), sentenció: “Apostamos al diálogo sin descartar medidas. Queremos hacer razonar al gobierno nacional”. Luego dejó en claro que “la marcha universitaria no se negocia”. La movilización contará con el respaldo de la CGT y otros sectores que ven en las políticas de ajuste una amenaza para la educación pública.
Reclamos
Por su parte, Daniel Ricci, representante de la Federación de Docentes de las Universidades, subrayó que la protesta va más allá de los reclamos salariales y tiene como principal consigna la defensa de la universidad pública. “La universidad pública es orgullo para todos los argentinos”, remarcó Ricci, quien además criticó la insuficiente oferta salarial del Gobierno: “Un 5,8% de incremento frente a una pérdida del 70% es menos del 10%. Lo que pedimos es recuperar lo perdido por la inflación”.
En respuesta, desde el Gobierno aseguran que la marcha tiene una motivación política más que salarial. Fuentes oficiales señalaron que se ofreció el incremento pedido por los gremios docentes y que “la evolución de los salarios reales de los docentes superaría a la de los estatales”. Además, destacaron que el Estado Nacional destina el 74% del presupuesto educativo a las universidades, lo que representa un esfuerzo equiparable al de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El Ejecutivo también cuestionó la falta de rendición de cuentas por parte de las universidades. “Pese a estar obligadas por ley, no rinden cuentas. Nadie conoce cómo, dónde y en qué ha sido y es gastado el dinero asignado”, afirmaron desde la Casa Rosada, señalando que en 2023 las universidades recibieron más de 300 mil millones de pesos en transferencias adicionales.
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