El Gobierno dispuso que la Cancillería centralice la estrategia diplomática por las Islas Malvinas a través de un nuevo sistema oficial. La medida busca unificar las gestiones internacionales y aplicar sanciones a las empresas petroleras no autorizadas.
El Gobierno nacional formalizó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior mediante la publicación del Decreto N° 983/2026 en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto centralizará toda la información y coordinación internacional. La iniciativa incluye las acciones diplomáticas orientadas a recuperar la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Coordinación diplomática y agenda internacional
La Cancillería representará al país ante gobiernos extranjeros, la Santa Sede y organizaciones internacionales de manera unificada. Esta medida cobra especial relevancia ante la próxima visita oficial del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. Además, los organismos alcanzados por la norma deberán nombrar a un enlace institucional para gestionar el intercambio directo de información.
El organismo conducido por el canciller Pablo Quirno podrá realizar advertencias o recomendaciones cuando detecte riesgos en las negociaciones diplomáticas. Sin embargo, las autoridades aclararon que la normativa no alterará la jerarquía ni las competencias preexistentes de la administración central. Tampoco intervendrá en gestiones con entidades financieras multilaterales o bancos de desarrollo internacional.
Sanciones energéticas y proyecto pesquero
El canciller Pablo Quirno anunció que la cartera asumirá la instrucción de expedientes amparados por la Ley 26.659. Hasta el momento, las autoridades denunciaron a 60 empresas privadas en forma conjunta con la Procuración del Tesoro. El Palacio San Martín aprovechará el potencial del yacimiento Vaca Muerta para desalentar las actividades petroleras no autorizadas en el Atlántico Sur.
Por otro lado, la funcionaria María Ibarzabal Murphy supervisa en la Secretaría de Legal y Técnica la redacción del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La propuesta busca endurecer las penas previstas e incorporar el veto a licencias marítimas, medida respaldada por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp). Asimismo, la iniciativa del legislador Guillermo Michel pretende sancionar la pesca ilegal antes de su debate en la Cámara de Diputados.
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