La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y mantiene vigente la Ley 26.737, que establece límites a los extranjeros para la compra de tierras.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve el Gobierno nacional, con cambios que incorporan la restitución de la Ley de Tierras Rurales de 2011, sancionada durante la presidencia de Cristina Kirchner. La iniciativa consiguió 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, por lo que deberá volver al Senado para su tratamiento.
El oficialismo pudo avanzar con el apoyo de sus aliados y gracias a las abstenciones de cinco legisladores vinculados al cordobesismo, que integran Provincias Unidas, y del diputado del PRO Álvaro González. Sin esas abstenciones, la votación en general le hubiera resultado adversa a La Libertad Avanza.
Uno de los puntos centrales que se modificó fue la continuidad de la Ley 26.737, que fija límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Esa norma establece un máximo de 15% de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Se deja sin efecto un DNU de Milei
Restituir esa ley implica dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el presidente Javier Milei había dispuesto su derogación. El apartado sobre tierras fue aprobado en particular por una amplia mayoría: 239 votos positivos, cuatro negativos y seis abstenciones.
La modificación se dio luego de varios fallos judiciales vinculados a la vigencia de la norma. En uno de ellos, la Corte Suprema revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, al entender que el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas de La Plata no contaba con legitimación para impulsar el reclamo. Más tarde, el máximo tribunal suspendió de forma cautelar la derogación en el marco de otra causa promovida por una organización ambiental, sin definir aún la cuestión de fondo.
La expropiación de tierras rurales
Además de lo referido a tierras rurales, el proyecto introduce cambios en los procedimientos de expropiación. Establece que el Estado deberá tener una declaración específica de utilidad pública y abonar una indemnización previa determinada según el valor objetivo de mercado del inmueble. También suma el reconocimiento del lucro cesante.
Ese último aspecto generó objeciones de sectores opositores, que alertaron sobre un posible incremento de los costos que debe asumir el Estado para concretar expropiaciones. En cuanto a desalojos, el texto prevé procedimientos judiciales sumarísimos para agilizar la recuperación de inmuebles ocupados. A su vez, fija un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad.